- ámbito
- Edición Impresa
Diputados aprobó proyecto para gestión de empresas por obreros
Los kirchneristas Carlos Kunkel y Luis Cigogna escuchan quejas de la cívica Marcela Rodríguez antes de la votación de la ley de concursos y quiebras.
La aprobación del proyecto tuvo un alto contenido simbólico para el oficialismo ya que se trataba de un proyecto que había sido apoyado por el diputado Néstor Kirchner quien incluso había anunciado que sería la primera iniciativa que buscaría aprobar desde su banca. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, resaltó el avance de la ley y consideró que se trata de un cambio de paradigma en la visión del trabajo.
Al presentar el proyecto en el recinto, ante una tribuna de trabajadores de empresas recuperadas que coparon los palcos del recinto, la diputada de Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, afirmó: «Es un reclamo de muchos años y para el cual el Poder Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo para ponerlo en el temario».
«El proyecto significa un cambio de paradigma en cuanto al valor del capital del trabajo. Recoge la experiencia de las fábricas recuperadas en los últimos años y la jurisprudencia de los jueces comerciales de todo el país», resaltó Ibarra.
Iniciativa
A su turno, el diputado radical Juan Pedro Tunessi destacó «la responsabilidad con la que se ha abordado el tema en las comisiones» y celebró la aprobación de la iniciativa, que ahora deberá pasar por el Senado antes de convertirse en ley. El diputado de Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluse, sostuvo que el proyecto fue reivindicado por bloques de distintas ideas e indicó que se logró aprobar pese a que fue «un tema controvertido y con problemas jurídicos a resolver».
El proyecto que giró a la Cámara alta otorga prioridad a los trabajadores para que adquieran la empresa en quiebra con sus créditos laborales, los que luego serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el Régimen de Contrato de Trabajo. Además, deroga la suspensión de los intereses compensatorios que devengan los créditos laborales, para que los trabajadores no sean la variable de ajuste en los procesos concursales, al tiempo que posibilita que los trabajadores se hagan cargo de la empresa antes de llegar a la quiebra utilizando sus créditos laborales, evitando el cierre de la misma y asegurando la fuente de trabajo.
En la segunda sesión del año desde el inicio del período ordinario el pasado 1 de marzo, la Cámara también convirtió en ley una modificación al Código Penal para incluir como tipo penal a la desaparición forzada de personas. La iniciativa había quedado habilitada para llegar al recinto el martes durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos y Garantías, en el que se aprobó por unanimidad el dictamen que ayer fue refrendado por el pleno del cuerpo.
Incorporación
El proyecto plantea una modificación al Código Penal, para incorporar el artículo 142, en cumplimiento del Tratado de Derechos Humanos de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Y establece la tipificación del delito de la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado.
Según dice el texto, para esa falta se fijan penas de entre 10 y 25 años de prisión. Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona.


Dejá tu comentario