Diputados aprobó proyecto de medios sin votos opositores

La sesión para debatir la ley de medios comenzó ayer a las 11.28. En ese momento el kirchnerismo consiguió el quórum con 130 diputados, que rápidamente subió cuando la oposición ingresó al recinto.

El Gobierno consiguió anoche aprobar en general en Diputados la ley de sistemas de comunicación audiovisual por 146 votos a favor contra sólo tres negativos y tres abstenciones. A la 1:15, el tablero del recinto marcaba 104 ausencias con la UCR, el macrismo, el peronismo disidente y la Coalición Cívica afuera del debate, después de haber denunciado irregularidades en el tratamiento. Tras la votación, la bancada peronista, acompañada por banderas de piqueteros y de la Coalición para una radiodifusión democrática, se dedicó a festejar, y minutos después comenzó el debate en particular, donde se introdujeron nuevas modificaciones, aparte de las más de 200 que el oficialismo aceptó para sellar un acuerdo con los aliados que le facilitaron la aprobación.

La oposición siguió la votación fuera del recinto: más temprano había denunciado el cúmulo de violaciones al reglamento que utilizó el oficialismo para allanar el camino de la ley. Así, el debate terminó transformándose en una discusión política alejada de lo técnico. Al Gobierno no pareció preocuparle; de hecho, la discusión de la ley de sistemas de comunicación audiovisual siempre fue una pelea política para el Gobierno. De lo contrario no hubiera cedido Cristina de Kirchner a las críticas por abrir la competencia en el mercado de la radiodifusión a las telefónicas, eliminando ese artículo y cambiando con eso el perfil técnico de la norma y del futuro mercado de medios. Ese cambio sustancial parecía ayer menor en medio de las discusiones.

La mañana comenzó en el Congreso con los aprontes de grupos piqueteros, sindicalistas y dirigentes de comedores populares organizando una marcha de apoyo a la ley. Julio Piumato (que más tarde defendió el proyecto oficial en el recinto) les ganó de mano y avanzó con los judiciales.

Adentro del edificio, Gabriel Mariotto desayunaba con el bloque kirchnerista negociando los últimos cambios y retoques al proyecto. Se quedó ahí hasta casi el mediodía, cuando bajó al palco del primer piso del recinto desde donde siguió la sesión.

A las 11.30, el kirchnerismo consiguió el quórum y recién entonces comenzaron a bajar los radicales, macristas y peronistas disidentes.

El debate se inició con la defensa, por turnos, de los cinco dictámenes de oposición y el de mayoría del kirchnerismo. El argumento inicial de la oposición fue cuestionar el procedimiento que forzó el kirchnerismo para emitir el dictamen el día anterior en el plenario de comisiones. «La sesión especial no tiene validez, se violó el reglamento parlamentario», insistía uno tras otro cada opositor.

El comienzo de la sesión rompió récords: todos esos cuestionamientos reglamentarios se escucharon en una veintena de cuestiones de privilegio que presentó la oposición y que pasaron formalmente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Fue también el momento en que se escucharon las acusaciones de la UCR y el macrismo contra los partidos de izquierda, como el SI de Eduardo Macaluse o Claudio Lozano por haber acordado con el kirchnerismo participar de la sesión.

Como Federico Pinedo, que criticó a los «bloques que se hacen llamar de centroizquierda; parece patético que apoyen al oficialismo». Lozano lo cruzó en el recinto: «La oposición conservadora no quiere discutir este tema, por eso se retiran».

Cuando ya habían pasado seis horas de discursos, el radical Oscar Aguad anunció que su bloque abandonaría el recinto a la hora de votar: «Se obviaron los siete días que requiere un dictamen antes de ser llevado al recinto», dijo. «Se pretende sancionar esta ley como en una carrera. Las sesiones especiales son citadas a un horario determinado y si en media hora no se obtiene el quórum se cae la sesión», se quejó en una conferencia de prensa conjunta con el PRO, el cobismo y Francisco de Narváez, que ratificaron la misma posición.

Poco antes, Silvana Giudici, radical y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión había lanzado en el recinto los mismos argumentos pronosticando, además: «La constitucionalidad de esta ley terminará discutiéndose en la Corte Suprema». Fue una de las pocas que recordó que, una vez que se cumpla el año de transición que establece la ley para que los medios se ajusten a las nuevas limitaciones, es decir, a vender todas las unidades de negocio que pasarán a ser incompatibles (como ser propietario en la misma área de un canal de aire y uno de cable o producir contenidos y a la vez distribuir señales), comenzará un proceso judicial por reclamos de los medios al Estado que puede demorarse años.

La Coalición Cívica, más lejos de ese grupo de oposición, anunció también que se retiraría del recinto, pero lo comunicó aparte. «Nunca hubo debate», se quejó el jefe del bloque de Elisa Carrió, Adrián Pérez.

El peronismo disidente, liderado en este tema por Graciela Camaño, se sumó a la misma estrategia y emitió por la tarde un comunicado firmado por 31 diputados como Jorge Sarghini, Jorge Obeid, Marcelo López Arias, Enrique Thomas y Jorge Villaverde. Ese bloque, ya un dolor de cabeza para el kirchnerismo (que por otra parte ayudó a consolidar apurando casi sin debate la sanción de la ley de medios), contiene también a los hombres de Felipe Solá, Carlos Reutemann y Jorge Busti. Ahí explicaron su «decisión de no avalar ni con su voto ni con su presencia la votación del día de la fecha, por considerar que el procedimiento está viciado de nulidad y en consecuencia viola el reglamento de la Cámara, impidiendo el conocimiento de su contenido no sólo a los legisladores, sino también a los propios medios de comunicación y a la opinión pública en general».

La posición de Marcela Rodríguez, por la Coalición Cívica, estuvo más cerca de la Miguel Bonasso, que se opuso a la ley, que la de sus socios radicales del Acuerdo Cívico y Social. «Este debate es una deuda histórica y en su actual configuración, este Congreso tiene legitimidad para debatir esta ley», dijo repitiendo un argumento que sostiene desde el primer día. «Desde el bloque ARI, cuando se votó la denominada Ley Clarín, fuimos nosotros quienes denunciamos la presencia de los lobbystas de Clarín. Ningún otro lo dijo», le reprochó al resto del recinto. Claramente, ese discurso no tenía nada que ver con el que el radicalismo había sostenido hasta ese momento. La diputada de Elisa Carrió hasta se lamentó de no haber modificado algunos artículos que la hubieran habilitado para votar la ley: «Mi problema con esta ley radica en que no hay diferencia entre Estado y Gobierno», continuó, «Es inaceptable que la Iglesia tenga una posición privilegiada en este proyecto».

No fue la posición que mantuvo el socialismo. Uno de los éxitos de la negociación de Rossi para lograr la aprobación fue conseguir que el Partido Socialista respaldara la ley de medios en el recinto. Nueve diputados de esa bancada anunciaron su apoyo al proyecto, lo que dividirá también en el Senado a Rubén Giustiniani de sus socios del Acuerdo Cívico y Social.

«Como toda iniciativa, siempre es perfectible; por eso propondremos en el recinto algunas modificaciones que permitan arribar a una ley lo más completa posible», dijo la presidenta del bloque socialista, Silvia Augsburger.

Sólo se adelantó que la bancada no apoyaría el artículo que crea la autoridad de aplicación de la ley: «El organismo tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. Proponemos una mayor representación federal y participación efectiva de las organizaciones y actores vinculados a la actividad de medios audiovisuales», dijo Roy Cortina.