La Cámara de Diputados se disponía, durante la madrugada y mañana de hoy, a aprobar y girar al Senado el Presupuesto 2023. La votación en general del proyecto -habilitación para discutir punto por punto del texto- estaba asegurada, aunque la particular presentaba, al cierre de esta edición, un clima de alta tensión por un puñado de artículos sin mayoría consolidada entre los que se encontraban, al tope de la disputa, el pago de Ganancias para todo el Poder Judicial y la delegación de potestades al Ejecutivo para retocar retenciones, cuestiones que gatillaron negociaciones frenéticas con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estuvo desde la tarde en el Congreso.
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Diputados buscaba aprobar el Presupuesto 2023 con tensión por artículos sin mayoría asegurada
El pago de Ganancias en todo el Poder Judicial generó caos. La oposición sumaba adhesiones para rechazarlo, incluida la sindical y cristinista Vanesa Siley. También había fuerte puja para frenar el guiño que permitiría suba de retenciones, entre otras cuestiones. Generosa ayuda al oficialismo de radicales titulares y de los blue -Evolución- para el quorum, para el que no aportó Máximo Kirchner.

En cuanto al pago de Ganancias, el interbloque federal -lavagnistas, peronistas cordobeses y socialistas de Santa Fe- dio el puntapié sobre el rechazo a este artículo días atrás. Luego, adhirió Juntos por el Cambio. Sumado a los liberales y la izquierda -salario no es ganancia, auguran los últimos-, la oposición juntaba anoche más votos el que kirchnerismo, más allá de la falta de diálogo entre las bancadas y los problemas internos para ponerse de acuerdo -como en el bloque macrista- a la hora de defender una postura en común, lo que pone en riesgo -con lógica- cualquier definición en el recinto.
De hecho, para lograr el quorum e iniciar la sesión, Juntos por el Cambio mostró varias fragilidades ante un oficialismo que flaqueaba -por caso, Máximo Kirchner no apareció por el recinto, aunque por la tarde mantuvo reuniones y envió mensajes a través de voceros oficiales y extraoficiales- y el encuentro arrancó gracias a la ayuda de aliados habituales y de opositores como los dos socialistas de Santa Fe, tres radicales clásicos y otros de la UCR “blue” -Evolución- como Emiliano Yacobitti, quien fue el primero en anunciar, casi sin discutir la ley, que se comprometía a acompañar en general el Presupuesto. El referente de ese espacio es el senador Martín Lousteau, que en la Cámara alta no se diferenció con espacio propio.
Para la votación en general, Juntos por el Cambio también se preparaba a mostrarse dividido. Por caso, la Coalición Cívica, que semanas atrás se quejaba por la postura dura del macrismo del año pasado -cuando se cayó el Presupuesto-, fue la primera bancada en pincelar un rechazo total del proyecto que se debatía anoche. El PRO definió, en un comunicado, su abstención en general -grupos radicales se mostraban proclives a acompañar en esta instancia- para luego rechazar varios artículos en particular.
“El gobierno nacional aceptó incorporar un congelamiento de la planta de personal para evitar que el fin de un mandato presidencial se convierta en la oportunidad para aumentar la planta del estado y de las empresas públicas. También aceptó la incorporación de una cláusula gatillo para evitar el uso discrecional de los fondos extra presupuestarios que podrían generarse si la inflación anual supera la pauta del 60% prevista en este Presupuesto 2023. Sin embargo, estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales y, en general, de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, señaló la bancada que comanda Cristian Ritondo.
Desde el macrismo después se destacó: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta para disciplinar el Poder Judicial. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado -durante la gestión de Mauricio Macri- una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.
La discusión tuvo, en la tarde de ayer, una vía de salida que desactivó el oficialismo, al menos, hasta el cierre de esta edición. Lo que deslizaron legisladores de ambos bandos fue la posibilidad de quitar el artículo sobre Ganancias para comprometer un debate en las próximas semanas y así saldar el tema, que el Frente de Todos luego negó. Quien recibirá hoy a representantes de magistrados será la titular del Senado, Cristina de Kirchner.
El macrismo además se opondrá a “acuerdos corporativos que benefician a unos trabajadores sobre otros y cuyo costo deberán asumir todos los argentinos”. Se refirió a este punto en el recinto la espada económica del PRO, Luciano Laspina -más tarde, Laura Rodríguez Machado-, que habló de empresarios “rehenes” y de “comportamientos mafiosos” del gremio Camioneros de la familia Moyano, tras el acuerdo del sindicato con el kirchnerismo para que en el Presupuesto 2023 se vean beneficiados por más de $80.000 millones, según el legislador santafecino, por alivios en Ganancias para choferes.
Otras cuestiones en la pelea por los votos apuntaban a la nueva tasa en pasajes de avión -más caros- para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), solicitada por la camporista y secretaria parlamentaria del Frente de Todos en la Cámara baja, Paula Penacca, así como el empuje a blanqueos, siempre en el marco de respetar el acuerdo del Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También aparecen picardías por más fondos para las provincias -distritos que esquilman a cualquier gestión nacional, sin importar el color político-, como la del diputado kirchnerista Roberto Mirabella (Santa Fe), que quiere más partidas para subsidiar transporte pese al acuerdo de gobernadores con el propio Massa y los $85.000 comprometidos para 2023.
Discursos
Una defensa apática realizó de la ley de gastos 2023 el miembro informante del kirchnerismo y titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller. Al menos reconoció que “es muy grande el vaso vacío” y que restan “muchísimas cosas por resolver”. También aseveró que un “descenso gradual de la inflación sin shock es aconsejable para este momento” por las “consecuencias” de tomar otro rumbo.
En cuanto a Ganancias en el Poder Judicial, Graciela Camaño -interbloque federal- y el macrista Pablo Tonelli hundieron los argumentos del kirchnerista Marcelo Casaretto, impulsor del artículo. La primera y experimentada legisladora recordó que, como miembro del Consejo de la Magistratura, el actual ministro de Interior, el camporista Eduardo De Pedro, avaló las leyes y acordadas sobre el pago para jueces que ingresaron en su cargo en los últimos años, tras la normativa que impulsó la gestión Cambiemos junto a la entonces oposición. El segundo alertó, por otra parte, sobre el “disparate y mamarracho” en el articulado del Presupuesto 2023 que permitiría, según su visión, incumplir funciones básicas de límite a los gastos. En el recinto, casi todo el antikirchnerismo no se percató de esto.
Desde el liberalismo, José Luis Espert sostuvo que la deuda pública en la gestión de Alberto Fernández, sin contar la cuasifiscal de $8,6 billones, llegaría a u$s100.000 millones, un “récord desde la restauración democrática”. Seguido a ello, Javier Milei remarcó que la “inconsistencia más grosera es la inflación del 60%” que se proyecta, más allá de cláusula gatillo conseguida por la oposición para redireccionar partidas si se pasa ese límite. En ese sentido, enfatizó que los últimos tres meses anualizados dan una cifra de “entre 100% y 125%”.
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