Diputados germina guerra contra laboratorios por tratado de cooperación sobre patentes

En caso de ser sancionado y luego ratificado por el Ejecutivo, se simplificarán las presentaciones de solicitudes y se blindarán invenciones en más de 150 países. Cruces de legisladores con Cancillería.

Cornelia Schmidt Liermann y Lucila Crexell

De manera silenciosa, y tras más de 20 años de larga siesta, en el Congreso comenzó a germinarse una guerra que le pondrá los pelos de punta a la pícara industria farmacéutica: la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El convenio de 1970, que fue avalado por el Senado en 1998, empezó a ser desempolvado en la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados que comanda la macrista Cornelia Schmidt Liermann, que tiene en sus manos la llave para avanzar con esta delicada cuestión.

El Senado también mira de reojo este asunto, ya que las actualizaciones del tratado obligan no sólo a sancionar el acuerdo original, sino también a aprobar una enmienda que en caso de pasar por Diputados, recaerá en la Cámara alta. Allí, quien intenta mantenerse al tanto de la situación por el lado de Cambiemos es el presidente provisional del cuerpo, Federico Pinedo (PRO). Sin embargo, quien empuja casi en soledad este asunto desde hace largos meses es la legisladora opositora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

Semanas atrás, Crexell toreó en el Senado a un desprevenido canciller, Jorge Faurie, quien tuvo que ser asistido por Pinedo para evitar mayores críticas durante la visita que hizo el canciller a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta. El PCT, en resumen, es un tratado que tiene efectos inmediatos en cuanto a la simplificación y presentación de solicitudes de patentes para emprendedores e innovadores en más de 150 países, además de facilitar la divulgación de la información en juego. Todo, de manera más económica y efectiva.

En medio de guerras comerciales, no es menor la atención que prestan las principales potencias mundiales a este tema. De manera local, a la lista de empresas pequeñas -pero no menos importantes- que solicitan el guiño a este tratado se encuentran instituciones públicas y universidades. En caso de dar el paso, también se avanzará en un refuerzo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Crexell envió una carta en octubre del año pasado a Cancillería para consultar el estado de situación y reflotar esfuerzos. “En atención a que dicho tratado ha sido objeto de enmiendas en el año 2001, es que se solicita conocer la posición de nuestro país con respecto a tales modificaciones, atento que dicha información será necesaria en la oportunidad de su debate, el que se espera se produzca a la brevedad”, señaló Crexell en la misiva.

Otro pedido de la legisladora aterrizó para esa misma época en la comisión de Schmidt Liermann. “Nuestro país, al no haber cumplimentado con el procedimiento de aprobación del Tratado, no es parte del PCT, sus nacionales y/o residentes (personas físicas o jurídicas) no pueden presentar solicitudes internacionales en ese marco salvo que la solicitud incluya al menos un cosolicitante nacional o residente de un país miembro del PCT. Usando ese procedimiento –no exento de complicaciones y de riesgos- en 2017 se presentaron 36 solicitudes argentinas”, explicó Crexell, quien le reiteró la “vital importancia” de aprobar el expediente en Diputados.

Apuro

Algunos asesores de la cámara baja se quejaron en las últimas semanas ante un eventual apuro para tratar una cuestión que durmió durante décadas, y muchos legisladores pretenden que Cancillería envíe un informe detallado y conteste las diversas consultas que puedan surgir desde el Congreso. Mientras tanto, el Senado espera a que se sancione el texto de 1998 para que el Ejecutivo lo ratifique, para luego votar de manera acelerada la enmienda con las actualizaciones.

Una buena porción de las grandes industrias farmaceúticas y de los poderosos laboratorios trina ante la sola mención de esta iniciativa, y ya preparan todo su poder para demorar el asunto. Del lado de los defensores del tratado, se manifiesta que el mismo no significa una cesión de soberanía en materia de política legislativa sobre patentes, tampoco la substitución de las oficinas de patentes locales, y que el beneficio apunta a empresas más pequeñas por el costo de las presentaciones bajo este sistema, entre otros puntos.