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Diputados negocia cargos y Gobierno ya teme por DNU
Graciela Camaño, Patricia Bullrich
De todas formas, ya hay algunas definiciones dentro del Gobierno. Gerónimo Vargas Aignasse seguirá en la presidencia de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Gustavo Marconato en Presupuesto y Hacienda, Adriana Puiggrós en Educación y por un principio de acuerdo entre kirchnerismo y oposición, Graciela Camaño no se movería de Asuntos Constitucionales.
Para el Gobierno el control de esta última comisión es clave, pero habiendo perdido la mayoría con la distribución que se votó el jueves pasado en el recinto, el kirchnerismo prefiere que quede en manos de Camaño, hoy casi equidistante de todas las fuerzas y que demostró, además, su capacidad de equilibrista en el debate de la reforma política.
De todas formas, las discusiones sobre Asuntos Constitucionales continuarán, a pesar de las conversaciones que hubo entre los dos grupos.
Ante el avance oficialista, la oposición reiteró que buscará retener la presidencia: «Ya habíamos acordado que el oficialismo no puede presidir Asuntos Constitucionales y Justicia porque es donde se va a discutir de calidad institucional», dijo Patricia Bullrich.
Según la diputada de la Coalición Cívica, «nosotros tenemos prácticamente todo acordado y el oficialismo tendrá que hablar con sus aliados», dijo. Dentro de la oposición no todo parece estar tan solucionado como afirma Bullrich. Por ejemplo, Asuntos Constitucionales se la disputan Camaño, el radical Ricardo Gil Lavedra y Adrián Pérez, de la Coalición Cívica.
Al mismo tiempo existe un tema que quedó pendiente desde la sesión del jueves pasado: la oposición quiere conformar la comisión bicameral de seguimiento del trámite legislativo, más conocida como comisión de control de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que había quedado afuera de la distribución de cargos y comisiones que se votó en la sesión preparatoria junto con el resto de las bicamerales, un olvido imperdonable para la estrategia opositora del que el kirchnerismo se agarró inmediatamente para evitar que avanzaran sobre esos cuerpos.
El caso de la bicameral de trámite legislativo es el más urgente: si Cristina de Kirchner firma un DNU, el Congreso deberá convocarla inmediatamente para que debata su ratificación o derogación, según sostiene la oposición, pero en realidad gracias a la reglamentación del uso de los decretos que hizo aprobar en el Senado la Presidente cuando ocupaba una banca por Buenos Aires en ese cuerpo, cualquier decreto permanece en vigencia por tiempo indeterminado si el Congreso no lo trata.
De todas formas, esa comisión puede ocupar un rol clave si la Presidente avanza con el uso de los DNU ante un Congreso que estará en receso al menos hasta marzo y que luego será mucho más difícil de controlar que hasta ahora. De ahí que el kirchnerismo no quiera constituirla, ya que si se respetara la proporción que se utilizó para distribuir los cargos en Diputados, el Gobierno podría quedar en minoría y, por primera vez, sufrir ante la posibilidad de que el Congreso le rechace un decreto.


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