Doble traba judicial por luz y amenaza en el caso del agua

 El Gobierno también sufrió un nuevo revés en el tarifazo a la luz de parte de la misma Cámara Federal de La Plata, que otorgó efecto devolutivo a la apelación contra su sentencia sobre la anulación de la nueva tarifa de gas. En una resolución simultánea, otorgó carácter devolutivo a la suspensión que por tres meses dispuso sobre el tarifazo a la luz para las distribuidoras Edenor y Edesur. Esto se conjuga con el fallo que dictó la jueza federal en lo contencioso administrativo de San Martín, Martina Forns, que le dio alcance nacional a la suspensión vía cautelar de un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico. Es decir que el aumento de luz tiene un doble freno: el que dispuso la magistrada sobre el mayorista Cammesa, por esto es que impacta en todo el territorio nacional, y el de la Cámara platense sobre todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno buscará vía "per saltum" esquivar el fallo de Forns, pero ahora deberá vérselas con la concesión del recurso extraordinario para ir a la Corte sobre la cautelar de La Plata, lo que lo deja casi sin recursos y tal como adelantó Ámbito Financiero, implica que el pleito por el tarifazo de luz replique el recorrido judicial que tuvieron las causas en materia de gas, con la Corte como único destino para la decisión final. El expediente caratulado "Abraca" es contra el aumento tarifario de la electricidad y su alcance colectivo es para toda la provincia de Buenos Aires. Sobre este expediente en particular, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata (a pesar de ser cautelar y no fallo de fondo) tampoco suspendió los efectos de su resolución y dejó al Gobierno con las manos vacías, tras el revés de Forns en el expediente caratulado "Fernández" sobre acción de amparo.

Aunque en sigilo, otro problema avanza para el Poder Ejecutivo: ya ha habido dos fallos cautelares sobre usuarios en particular que han ordenado suspender aumentos relativos al agua corriente. Aunque son acciones individuales que no han tenido alcance colectivo ni territorial concretos, los antecedentes amenazan por convertirse en los próximos litigios que la administración de Mauricio Macri deberá enfrentar, y que también podrían replicar el camino judicializado que tuvieron la luz y el gas por vías separadas. El servicio está estatizado a partir de una decisión del kirchnerismo, y por cuestiones vinculadas a la salud y humanitarias no puede ser suspendida su provisión. En algunos casos los aumentos han superado largamente la propia marca impuesta por el Gobierno para el cálculo de tales incrementos.