Dólar soja 4: el Gobierno prevé ingresos por u$s2.500 millones

Esta vez el mecanismo otorga 25% de divisas de libre disponibilidad, que redundará en un tipo de cambio más alto para las exportadoras. En el sector esperan una liquidación algo menor, de entre u$s1.500 y u$s2.000 M.

El Gobierno publicó ayer el Decreto 443/23 que implementa el dólar soja en su cuarta versión, esta vez con una diferencia: lo obtenido por las exportaciones se liquidará en un 75% en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y el 25% será de libre disponibilidad, por lo que podrá ingresarse a través del Contado con Liquidación (CCL) o el MEP. La medida, autorizada hasta el 30 de septiembre, generó rispideces en el agro, en el marco de la campaña más baja de los últimos dieciséis años.

Según David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), “el promedio ponderado entre la liquidación al oficial, a $350, y los financieros, por encima de los $700, da cerca de los $440-$450”.

De acuerdo con el especialista, queda aproximadamente el 50% de la soja por vender, pero estima que entrará un número más conservador, entre 30% y 40%. “Se habla de u$s2.500 millones de recaudación, pero con estos porcentajes podrían ser u$s1.500 millones o u$s2.000 millones aproximadamente”. En este segundo escenario, entrarían u$s1.100 millones al BCRA y casi u$s325 millones al mercado del CCL. Consultado por el impacto en las cotizaciones paralelas, Miazzo entiende que “algo puede ayudar a descomprimir” teniendo en cuenta que entran entre u$s300 y 500 millones diarios en las ruedas financieras, “pero no es tan significativo”.

Ese 25% de esas divisas, explica Mazzo, “el BCRA nunca lo va a ver”, pero mediante este mecanismo, ya no genera la pérdida contable por pagar un dólar más alto al exportador y venderlo más barato al importador, como en las ediciones anteriores. Respecto de la ganancia para los exportadores a partir de la mejora en precios, el dólar soja 4 “está más o menos en línea con las anteriores, no es ni más ni menos beneficioso”.

La medida se toma en un contexto acuciante para los exportadores de soja. En los considerandos del decreto publicado en el Boletín Oficial, se rescata que la Bolsa de Comercio de Rosario publicó recientemente que la molienda de soja en el primer cuatrimestre de la campaña es la más baja desde 2007 y 2008, mientras que la capacidad ociosa de la industria se muestra en ascenso. Así, la baja de la molienda “genera problemas de cumplimiento de contratos de exportación del primer complejo exportador del país y además pone en riesgo el empleo industrial, sustentado en el reclamo y preocupación presentados por los sindicatos aceiteros”.

Con todo, el mismo organismo recientemente publicó la primera proyección de la campaña 2023-2024: la producción de granos alcanzaría los 136 millones de toneladas, 70% más que la campaña pasada (afectada por la sequía). Así, el maíz alcanzaría las 56 millones de toneladas, la soja 47,8 millones y el trigo 15,6 millones.

Las reacciones del sector agropecuario son las mismas que desde la implementación del dólar soja 1. Aunque reconocen ganancias en el corto plazo, el titular de un importante mercado de negociación de futuros y otras opciones, sostuvo en off que “estas medidas son negativas para el desarrollo del mercado, la antítesis de las medidas que se deberían tomar, porque no son medidas previsibles ni constantes en el tiempo”, ya que alteran los términos de intercambio.

A su vez, dijo que al ministro de Economía, Sergio Massa, “se le avisó que, si se hubiera iniciado un proceso de liberación del tipo de cambio, a fines de agosto de 2022, los problemas de la economía argentina se habrían encarrilado”. Reconoció que las negociaciones con el sector para alcanzar este nuevo Programa de Incremento Exportador “fueron duras” y que incluso “se amagó con cancelar exportaciones”. Asimismo, admitió que el gobierno del expresidente Mauricio Macri “también fue un desastre y el ministro también paga parte de los desastres anteriores”.

En la misma línea, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, sostiene que la medida “genera una distorsión total en el mercado”, que provocará un alza en la cotización de la soja, pero también “perjuicios para los que utilizan el grano como insumo”. Además, cree que “no beneficia al productor”, porque “será arbitrario cuánto le quiera trasladar el exportador de ese beneficio”.