Brasilia - En el ojo de la tormenta por el despilfarro y los acomodos en el Senado brasileño, el presidente del cuerpo, José Sarney, anunció ayer un plan para una drástica reducción de 38 a 9 en la cantidad de direcciones de la Cámara alta, y el recorte del 40% de los 7.000 empleados contratados y en comisión, muchos de ellos considerados «ñoquis». El ex presidente (1985-1990), implicado él mismo en el affaire, trata de sobrevivir en el cargo, para lo que cuenta con el apoyo irrestricto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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«Vamos a cortar 2.400 personas lo más rápido posible, pero no será inmediatamente. Será hecho en la medida en que los contratos sean revisados, porque algunos todavía están por vencer», indicó el director de la Fundación Getulio Vargas, Bianor Cavalcanti, cuya entidad elaboró un informe para Sarney que significó un alivio para muchos legisladores, que fueron exculpados, según consignaron medios brasileños.
Al tiempo que la Fiscalía General anunció una investigación por casos de «ñoquis», pasajes oficiales para usos privados y gastos institucionales descontrolados por más de u$s 80 millones, Sarney anunció un sistema de auditorías y la unificación de las cuentas bancarias del organismo.
El fiscal José Robalinho Cavalcanti ordenó a la Policía Federal allanar oficinas de la Cámara alta para averiguar los supuestos delitos cometidos por Sarney y otros senadores que, al parecer, ordenaron la promulgación de centenares de «actos secretos» con los cuales se distribuyeron ilegalmente cargos y dinero público. Al menos 11 familiares y amigos políticos de Sarney fueron beneficiados irregularmente en los últimos años.
Más de 500 sugerencias fueron entregadas al secretario ejecutivo del Senado, Heráclito Fortes, en el informe final de esta Comisión Técnica Especial.
El escándalo supone un dolor de cabeza para Lula, ya que el oficialismo tiene como aliado clave parlamentario al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha), al que pertenece Sarney. El presidente hizo público el apoyo a Sarney y ayer, desde Italia, donde participa como invitado de la cumbre del G-8, dijo: «Vuelvo a Brasil el viernes y a partir del lunes comienzo a discutir» con los legisladores para resolver la impasse en el Legislativo. La Cámara alta entró en parálisis desde hace dos meses, cuando estalló el tema en los medios.
Lula eludió reiteradamente hablar de crisis en el Senado y afirmó que «sólo existen divergencias» entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, legisladores del PT de Lula también reclamaron la renuncia del titular del Senado.
Investigación
En el Senado también se anunció la apertura de una investigación administrativa contra siete funcionarios del organismo vinculados con la «edición de dos actos secretos (medidas que entraron en vigor sin ser divulgadas públicamente)».
El fiscal Cavalcanti discrepó con la conclusión de la comisión investigadora formada por Sarney. «Yo tengo la convicción de que hubo una orden de senadores para que no se publicaran» las medidas administrativas en las que fueron distribuidos cargos de forma secreta.
Paralelamente fue abierta otra investigación sobre una cuenta secreta del Senado que movió u$s 80 millones para fines aún desconocidos.
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