Dudas de intendentes sobre control de precios

A principios de año, el Gobierno de Chaco denunció faltantes de productos tras el acuerdo de precios con los hipermercados.

El país se divide tras el anunció de Cristina de Kirchner sobre el control de precios de unos 500 productos de la canasta básica en 50 ciudades. La convocatoria explícita de la Presidente para que la militancia y los inspectores municipales encabecen la cruzada, y reporten a la Secretaría de Comercio Interior, replica en el interior con disidentes y adherentes, y también, con variantes.

En principio, fueron alcaldes radicales los que marcaron límites. El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, dijo que los municipios "no tienen potestad sobre el control de precios en superficies comerciales", y dejó claro que la alternativa es que los vecinos acudan a la oficina de la Dirección de Defensa al Consumidor. En el mismo sentido, su par en la capital de Mendoza, Víctor Fayad, señaló que "el municipio no tiene facultades para aplicar sanciones de ningún tipo". "Que primero se difunda la lista de precios definitiva y luego que se analice cómo se harán los controles", sentenció el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo. Y también desde el PJ, en Mendoza, se oyeron críticas. "No tenemos la cantidad de inspectores suficientes y será difícil que algún municipio los tenga", opinó el de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles.

En San Juan, por caso, los militantes oficialistas plantearon una variable con campañas de concientización. "No veo a la militancia saliendo a controlar precios directamente, sino mediante campañas, informando los derechos y responsabilidades de los consumidores", sostuvo el líder de Kolina San Juan, Eduardo Camus.

Como contrapartida, intendentes reunidos en Salta con motivo de la Pre Cumbre Regional Noroeste Argentino de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes se comprometieron con la articulación del programa de control de precios. "Es importante respetar los acuerdos realizados por el Gobierno y los empresarios, y no comprar que los precios son los que algún titular de diario dice", fundamentó el presidente de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra. En Buenos Aires, el intendente de Morón, Lucas Ghi, también se alineó a la medida presidencial: "Vamos a controlar que se cumplan los precios de los 500 artículos establecidos en la lista, que estamos por recibir en pocas horas", y que se trata de artículos de "primera necesidad", indicó.

Un antecedente de esta polémica se encuentra a fines de febrero, cuando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió a las provincias "tolerancia cero" para aquellos supermercados que incumplían el congelamiento de precios que planteó la Nación al inicio del año. La petición llegó después de varias denuncias que recayeron sobre comercios de Chaco y Mendoza, desde donde reclamaron que la Nación tome medidas para que se cumpla el acuerdo de precios con las cámaras empresariales. En rigor, se pretendía además detectar eventuales situaciones de desabastecimiento. De inmediato, el Gobierno socialista de Santa Fe rechazó el pedido. "No hay legislación que nos dé potestad para sancionar a un negocio por aumentar precios", explicó en su momento Leonardo Gianzone, director de Comercio Interior de Santa Fe.