Economía-gate: piden que implicados no salgan

María Servini de Cubría

La jueza María Servini de Cubría deberá decidir hoy si impide la salida del país de Juan Cayetano Intelisano, Ivan Holjevac y otra docena de funcionarios y empresarios investigados por el presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Estado al grupo de aseguradoras Accolade Pool. Se lo requirió ayer el fiscal a cargo de la causa, Gerardo Di Massi, y la magistrada deberá decidir si admite éstas y otras medidas que pide el funcionario.
La Justicia avanzará, así, otro paso en la investigación penal de la causa denunciada en diciembre pasado por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. La otra parte del caso, el segmento que rastrea «la ruta del dinero», presentado por el fiscal titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Raúl Pleé, ante el juez Sergio Torres, había progresado durante enero. El magistrado congeló ocho cuentas bancarias y pidió informes al Banco Central y a la AFIP sobre 20 personas y sociedades, que figuran como supuestas beneficiarias del cobro. Después de esa orden, el caso volvió a quedar paralizado.
El dictamen de Servini de Cubría abrirá el capítulo judicial del caso que sacudió las vacaciones del Ministerio de Economía, tanto por la cifra millonaria del presunto pago, como por la vinculación con funcionarios históricos de la cartera, como el ex director de Administración y ex subsecretario de Administración Patrimonial, Juan Cayetano Intelisano, quien -con más de 30 años en el Ministerio- fue suspendido por tiempo indeterminado de su cargo hasta que se resuelva la causa penal. La investigación de Garrido también imputa al ex subsecretario Legal Osvaldo Siseles y a la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, quien hoy sigue trabajando para Economía, en la órbita del Ministerio de Planificación Federal. Además, señala al empresario croata Ivan Holjevac como principal beneficiario del supuesto pago fraudulento, que se inició con un reclamo de un grupo de reaseguradoras por unos contratos firmados con la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, a principios de los 80.
El caso también empezó a preocupar en Economía por las presuntas relaciones entre este supuesto desembolso y otros pagos fraudulentos, que presentan modalidades similares y el que los nombres se repiten una y otra vez, como la causa Greco (por la que Siseles y Eggink están procesados).