Economía, querellante en el caso del espía

El histórico funcionario del Ministerio de Economía Leonardo Markus declaró ante el juez federal Claudio Bonadío que él había sido quien permitió la entrada del asesor legislativo, Roberto Larosa, encontrado el viernes pasado a última hora en un despacho de esa cartera.

Markus admitió también una amistad de 15 años con el economista de la CTA y asesor del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y del senador del ARI por Tierra del Fuego, José Carlos Martínez, quien trabajó en Economía entre 1975 y 1993.

Esos datos los había señalado el ministro de Economía, Amado Boudou, en la conferencia de prensa que protagonizó el martes pasado y en la que dio a conocer un video donde se veía a Larosa entrando en un despacho sin forzar la puerta.

Confirmación

La declaración testimonial del funcionario confirmó la conexión sobre la que habían caído las sospechas de Economía. Bonadío le tomó una nueva declaración ayer por la tarde, de la que no surgieron datos significativos y se tuvo que suspender debido a que el juez pidió una serie de documentos sobre los que le quería preguntar a Markus. Todavía no hay fecha fijada para una nueva declaración, ya que se tienen que esperar estos informes.

La causa también avanza en otros campos, que podrían ser de alto voltaje para la City: el «resultado positivo» que generó el allanamiento al departamento de Larosa en Caballito el martes pasado está relacionado con la incautación de documentos financieros y tarjetas personales que se encontraron en su domicilio. Probablemente se ordenen peritajes en los próximos días sobre las computadoras familiares y la documentación secuestradas, como es habitual en estos casos.

Todos estos datos podrán ser revisados, además, por los abogados del Ministerio de Economía si Bonadío hace lugar a un planteo que realizaron ayer para intervenir como querellantes en la causa.

Esto le permitirá a la cartera a cargo de Boudou no sólo tener acceso al expediente, sino también apelar resoluciones y presentar pruebas, como las imágenes de video en las que, según aseguran en Economía, se ve a Larosa en el 4° y el 10° piso del edificio, donde se encuentran las oficinas del subsecretario de Presupuesto, Raúl Riggo, y del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, respectivamente.

Mientras tanto, el fiscal federal que instruye en la pesquisa, Gerardo Di Massi, analiza impulsar el cambio de carátula en la causa de «intento de hurto calificado» y «violación de morada» a supuesto «tráfico de influencia», una imputación de calibre más alto y que prevé penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en cargos del Estado para los funcionarios que actuaron en complicidad.