En la misiva, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington y uno de los artífices de las filtraciones, el fiscal informó sobre la apertura de "una investigación criminal" sobre asuntos "relevantes" vinculados con los Panama Papers y pidió una reunión "tan pronto como sea posible" con algún representante del ICIJ "involucrado en el proyecto" de la filtración.
La periodista argentina Marina Walker, subdirectora del ICIJ, dijo que la notificación del fiscal Bharara, fechada el 3 de abril, fue recibida el mismo día en el que salieron a la luz las filtraciones.
El escándalo de los papeles abarca más de 11,5 millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta.
La carta oficial no especifica sobre qué aspecto de las filtraciones Estados Unidos decidió abrir una investigación y tampoco incluye una citación judicial para obligar a testificar a miembros del ICIJ o exigirles la entrega de los millones de documentos.
Dos días después del estallido del escándalo de los papeles, el Departamento de Justicia estadounidense lanzó un programa para reforzar el cumplimiento de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías nacionales a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
Según el portal estadounidense de noticias Fusion, en el escándalo hay 211 personas con direcciones de Estados Unidos que fueron identificadas como propietarias de sociedades offshore (inscriptas en un paraíso fiscal) creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
La divulgación afectó a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los servicios secretos exteriores estadounidenses, y a la compañía Triple Canopy, contratada por el Ejecutivo para dar seguridad a los estadounidenses en Irak.
Mientras las filtraciones continúan, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la ONU crearon una plataforma para intensificar su cooperación en la lucha contra la evasión fiscal.
| Agencias EFE y AFP |
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