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EE.UU. presiona a Santos para que destrabe el pacto por las bases
Un marino colombiano, en guardia en la base naval de Cartagena, registrado en una foto de hace un año, cuando se conoció el pacto de Álvaro Uribe con Barack Obama.
El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, indicó que su país espera que Colombia «tome los pasos apropiados para asegurar que se pueda preservar el acuerdo bilateral» y agregó que «pueden existir acciones del Ejecutivo o del Legislativo para sobreponer las dudas» de la Corte Constitucional, que declaró que el acuerdo suscripto en octubre pasado por el uso de siete bases militares debe pasar por el Congreso de Colombia, ya que no se encuentra al amparo de pactos vigentes, como pretendió en su momento el conservador Álvaro Uribe.
Al ser un nuevo «tratado internacional», sería necesaria la aprobación parlamentaria.
«Esas son el tipo de preguntas que le estamos haciendo al Gobierno de Colombia para entender lo que planea hacer», agregó, explícito, Crowley. «Nues-tra cercana cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos existentes previamente», garantizó por su parte otro portavoz del Departamento, Charles Luoma-Overstreet.
El problema es que la Corte Constitucional estableció que deberán dejar el país todos los militares norteamericanos que hubieran ingresado a Colombia bajo el nuevo acuerdo, y que el Pentágono no podrá utilizar la base de Palenquero, la más importante de las que están en juego.
El acuerdo sellado por representantes de Barack Obama y Uribe encendió en su momento una severa crisis regional, que motivó una agitada cumbre de Unasur en agosto pasado en Bariloche, en la que Uribe rebatió las quejas de casi todo el bloque, especialmente de los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.
El pacto suspendido autorizaba la presencia en Colombia de un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles estadounidenses, buscaba «asegurar la cooperación bilateral efectiva» contra el «narcotráfico, los grupos armados ilegales y el terrorismo», reiteró ayer Luoma-Overstreet.
El Congreso estadounidense aprobó a fines del año pasado, dentro del presupuesto de Defensa para 2010, una partida de u$s 46 millones para tareas de renovación en Palanquero.
Estados Unidos destinó en la última década a Colombia más de u$s 6.000 millones para combatir el narcotráfico y las guerrillas, a través del Plan Colombia.
En cuanto a los pasos a seguir por Santos, aunque el oficialismo cuenta con una sólida mayoría parlamentaria, el trámite podría suponer alguna dificultad, y aun si fuera aprobado, debería retornar a la Corte Constitucional para examinar su legalidad. Una ONG de abogados había presentado la demanda, al considerar inconstitucionales algunos puntos del acuerdo, como la inmunidad para los militares estadounidenses.
«La verdad es que en estos momentos dicho pronunciamiento (el de la Corte) no tiene un impacto directo. El número de efectivos que presta su cooperación a la fuerza pública en Colombia está circunscrito a acuerdos que ya tenían vigencia», declaró el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
El presidente de la Cámara de Representantes (baja), el conservador Carlos Zuluaga, aliado de Santos, consideró que el fallo constituye «una gran oportunidad para realizar un gran debate» y permitir que crezca «la controversia sobre el tema».
Para el politólogo Fernando Giraldo, la decisión plantea a Santos una «situación muy difícil». «El está comprometido con ese acuerdo, era ministro de la Defensa entonces y fue quien lo hizo público. Pero insistir en su aprobación puede crearle dificultades en la relación con Venezuela», que en rechazo a ese convenio había «congelado» sus relaciones con Bogotá.
Según el diputado Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático (oposición), el Gobierno de Santos «se tomará un tiempo para evaluar la forma de plantear» nuevamente el acuerdo militar.
Agencias AFP, DPA y EFE
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