EE.UU. rectifica a medias denuncia de inseguridad jurídica

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Las declaraciones para suavizar la situación llegaron, pero lo dicho, dicho está y no fue negado: ésta es la lectura que muchos empresarios argentinos les dieron a las declaraciones de Arturo Valenzuela y de Vilma Martínez, subsecretario de Estado para América Latina y embajadora de Estados Unidos en la Argentina.

Desde Montevideo el funcionario del Departamento de Estado admitió haber hablado de «inseguridad jurídica» en la Argentina pero afirmó haberse limitado a repetir lo que le habían dicho algunos ejecutivos de empresas estadounidenses radicadas en el país, con quienes se había reunido en un lugar secreto. «No necesariamente pienso eso». O sea: una rectificación que el adverbio «necesariamente» relativiza.

La lista de participantes en el encuentro organizado por la AmCham (Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense) también sigue guardada en la más estricta reserva; seguramente ningún integrante de ese puñado de empresarios quiere ser identificado por el Gobierno como el «quejoso».

Llama la atención esta vocación por el secreto de estos empresarios, dado que entidades como la AEA, la Unión Industrial y la Mesa de Enlace vienen hablando de «inseguridad jurídica» desde hace tiempo; el hecho de que haya sido un hombre de Barack Obama quien esta vez oficiara de vocero de los empresarios disgustó al Gobierno de los Kirchner, y por ese lado debe buscarse la virulencia de las reacciones de varios de sus ministros.

Es entendible que también por esa causa -y siguiendo sin dudas instrucciones llegadas desde Washington- la embajadora Martínez aprovechara el tradicional cóctel de fin de año que brinda la representación diplomática para la prensa para afirmar que «a pesar de lo que dicen los diarios hoy, la relación con la Argentina es muy positiva. La Argentina es un socio clave en muchas áreas prioritarias, como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la no proliferación nuclear y el tráfico de personas, así como la cooperación científica y temas de salud».

La diplomática agregó que «en relación al tema del día, estamos trabajando con el Gobierno argentino para aumentar la inversión; en el país hay radicadas 500 empresas estadounidenses y queremos que vengan muchas más».

Después recordó que a América del Sur habían viajado varios funcionarios de la administración Obama «para profundizar la relación con los socios de la región, entre los que se cuenta obviamente la Argentina, país en el que el señor Valenzuela pasó más tiempo que en ningún otro».

Casi a la misma hora que se brindaba en Libertador y Colombia con champán nacional por un feliz 2010, en la capital uruguaya Valenzuela aseguraba que «a lo único que me referí, de pasada, fue lo que me comentaron algunas personas. Reflejé eso que me dijeron y no es lo que yo necesariamente pienso».

De la lectura de ambos discursos, queda claro que ni el subsecretario ni la embajadora dijeron taxativamente que en la Argentina campea la seguridad jurídica, única frase que habría satisfecho a los siempre sensibles miembros del Gobierno K.

En el cóctel para la prensa argentina, los funcionarios de la embajada eludían de manera elegante referirse a las frases de su superior que habían provocado una inesperada rispidez en el vínculo bilateral. Sin embargo, podría pensarse que los dichos de Valenzuela (los de Buenos Aires) no fueron casuales: no sólo reflejan la preocupación ya inocultable del empresariado -local y extranjero por igual- ante (por caso) la confiscación de los fondos de las AFJP, la sanción de polémicas leyes y algunas «estatizaciones» de empresas, sino también son un reflejo ante la frialdad con la que fue recibido por las autoridades argentinas.

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