El antecedente del acuerdo con Singer

Copy. El acuerdo de 2016 con los fondos buitre incluyó el establecimiento de la jurisdicción internacional para los holdouts.

La decisión formal de renunciar a la jurisdicción argentina para la colocación de deuda externa, y volver a elegir a los tribunales de Nueva York y Londres, tiene un antecedente concreto en el Gobierno de Mauricio Macri: el acuerdo del 26 de febrero de 2016 con los fondos buitre NML Elliot Capital de Paul Singer, Aurelius de Marc Brodsky, Olifant, Blue Angel y Bracebridge, entre otros; por el cual el país se comprometió (y luego cumplió) con el pago de unos u$s4.653 millones, por la deuda argentina con los acreedores; negociada a comienzos de ese año en el despacho de Daniel Pollack en Nueva York y a instancia del juez Thomas Griesa. En ese bufete, el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo se sentó ese día con los abogados de Singer comandados por Jon Pollock, para discutir la letra fina del acuerdo; por el cual se le pagaría en una sola liquidación y reconociendo el 100% de la deuda más un interés de 3% anual actualizado. Singer y compañía exigían entre otras cuestiones, que se le garantice el cobro (pese a que sería al contado, según la propuesta del ahora ministro), pero aclarando que la operación se concretaría una vez emitido un bono en Wall Street.

Los representantes de los fondos buitre, un poco para asegurarse el cobro y un poco (según la visión criolla) para hacer ver a los negociadores argentinos como representantes de una clase dirigente poco proclive al cumplimiento de las obligaciones; exigían que de no concretarse el pago comprometido, sea nuevamente la jurisdicción de Nueva York donde se discuta legalmente el pago. Lo mismo si en la liquidación aparecían problemas de tiempo o costos extras. Ante la insistencia de Pollack la cláusula se introdujo, y el texto final del acuerdo rezó "Para los fines de resolución de controversias emanadas de este Acuerdo Preliminar, la República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York).

Recuerdan los negociadores, que sólo luego de la aceptación y la inclusión de esta cláusula (bastante simbólica, dado que se trataba de un acuerdo ante la Justicia norteamericana y cuyo incumplimiento hubiera derivado en un grave desacato por parte de la Argentina), Singer avaló vía telefónica lo que sus abogados estaban negociando en el bufete de Pollack y firmarían luego el acuerdo. Una vez concretado este acto, el Special Master comunicaba que "con gran placer anuncio que la batalla legal de 15 años entre la Argentina y Elliot Management (del que depende NML Elliot), de Paul Singer, se encamina a ser resuelta". Con el cierre de estas negociaciones, Argentina completaba el acuerdo con el 75% de los acreedores, ya que sólo NML superaba los u$s3.000 millones; más los 1.121 de Bracebridge y los 324 de Aurelius. El otro acreedor importante, el NM Dart, ya había cerrado a fines de 2015 comprometiendo el pago de unos u$s835 millones de dólares. En todos los casos los bonos caídos en default en 2001 fueron comprados a menos de 20% de su valor, con lo que la ganancia final superó el 1.000% en varios casos.

Para Pollack el acuerdo con Elliot era "un paso gigante, pero no final", y llamaba al país a completar el 100% de las negociaciones. Si bien finalmente en abril del año pasado, bajo la administración de Alfonso Prat Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, se llegó a un acuerdo global, aún quedan cuentas pendientes con unos cinco fondos acreedores que continúan litigando ante Griesa. De hecho el juez llamó hace 15 días al país y a las partes a volver a negociar ante el Special Master, pare terminar definitivamente con el juicio; el que había comenzado formalmente en 2006.

La misma fórmula de renuncia a la soberanía para los reclamos de evantual situación de default, que se utilizó en el acuerdo con Singer es que la que ayer se aplicó para la próxima emisión de u$s20.000 millones (ver nota aparte). Según el analista Sebastián Marril, "este es un paso adicional que ha dado el Gobierno para, entre otros objetivos, reducir el costo de financiamiento y abrir aún más el mercado a otros inversores. Esta no es la primera ocasión que Argentina hace abandono de la inmunidad otorgada por el Foreign Sovereign Immunity Act de 1976/77".