La nueva votación del proyecto, al que se le realizaron cambios que lo hicieron menos rígido, fue posible mediante una maniobra muy cuestionada y liderada por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha.
El político integra el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que es el principal socio de la coalición oficialista, pero aun así es un enemigo del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, cuya base parlamentaria logró fracturar con este espinoso tema.
El nuevo proyecto fue aprobado en una turbulenta sesión, por 323 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. La medida, que por tratarse de una reforma constitucional debe ser aprobada por 3/5 de los votos en dos votaciones en cada cámara, afecta a adolescentes de entre 16 y 18 años que hayan cometido delitos graves como homicidio doloso, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte, quienes deberán cumplir pena en establecimientos de reclusión separados de otros menores de la misma franja de edad.
El proyecto que había sido rechazado el miércoles -cuando faltaron sólo cinco votos para su aprobación-, incluía, además de esos crímenes, tráfico de drogas, terrorismo, tortura y robo calificado.
Para conseguir su aprobación y lograr los votos necesarios, Cunha llegó a un acuerdo con legisladores de su partido, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) -el principal de la oposición- y de otros tres partidos menores.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras formaciones de izquierda se manifestaron en contra de la reducción de la edad de imputabilidad e intentaron evitar la votación argumentando que la Constitución impide votar en el mismo año legislativo enmiendas rechazadas, pero Cunha se mantuvo impasible y le asestó al Gobierno una dura derrota que marca, más claramente que nunca, la fragilidad del respaldo con el que cuenta en el Congreso.
El diputado Paulo Pimenta, del PT, acusó al titular de la Cámara baja de "crear una nueva interpretación de la reglamentación que nunca existió, que vuelve el proceso legislativo absolutamente frágil".
En defensa de su maniobra, Cunha ironizó al señalar que es "gracioso" que cuando él aplica "interpretaciones del reglamento" que favorecen proyectos del Gobierno "nadie reclama".
La polémica envuelve al país. "Tarde o temprano, Brasil tendrá que dar marcha atrás, porque (esta propuesta) va contra la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños", a la que el país suscribió en 1989, había alertado antes de la votación la paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La idea de reducir la edad penal circula hace dos décadas en el Congreso brasileño, pero cobró fuerza de la mano de Cunha y a raíz de una serie de crímenes cometidos por adolescentes en el último tiempo que tuvieron gran repercusión.
| Agencias DPA, AFP, Brasil247 y Ámbito Financiero |
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