El desafío catalán por la independencia llega a su etapa decisiva

Presionado por su partido, Mariano Rajoy no descarta activar, por primera vez en la historia de España, el artículo 155 de la Constitución para imponer la intervención de ese territorio autónomo.

RIVALES. Ni siquiera durante los días posteriores al atentado en Barcelona, Carles Puidegmont y Mariano Rajoy se dieron tregua.

Madrid - La política española comenzará hoy una semana de alta tensión con citas decisivas en la cuenta atrás hacia el referendo independentista que el Gobierno regional de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre pese al rechazo frontal del Gobierno de Mariano Rajoy, en una crisis institucional de final imprevisible.

Mientras día tras día se suceden las advertencias cruzadas entre Madrid y Barcelona y los cálculos políticos sobre los escenarios que abre el plan secesionista, todo indica que pasado mañana podrían aprobarse en Cataluña las llamadas "leyes de desconexión" necesarias para convocar el polémico referendo.

Ese paso crucial y la previsible respuesta del Estado central para impugnarlo subirían aun más la tensión días antes de la otra cita clave de la semana: la celebración el 11 de septiembre de la Diada, fiesta principal de Cataluña que viene convirtiéndose en escenario de masivas marchas soberanistas.

"Vamos a preservar la unidad de España, a garantizar el respeto a la Constitución Española y nadie va a liquidar la democracia española", sostuvo el sábado Rajoy, que prometió responder al independentismo "con toda la legitimidad y con toda la fuerza de la ley, sin levantar la voz y sin entrar en ningún enfrentamiento estéril".

El jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, vio poco margen para una salida negociada de la crisis a menos de un mes del referendo: "Cualquier cosa que quieran hacer es inútil porque la gente quiere votar", avisó en una entrevista con el diario La Vanguardia de ayer.

La idea de una independencia de España no es nueva en Cataluña. El pulso secesionista en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes aumentó sobre todo por la crisis económica en el país y por la anulación de parte de su Estatuto de Autonomía -una suerte de Constitución regional- por parte del Tribunal Constitucional español en 2010.

Pero el anuncio de un referendo sobre la independencia, rechazado de plano por el Gobierno de Rajoy como ilegal, marcó este año un nuevo pico en la tensión. Y todo indica que esta semana seguirá profundizando lo que el diario El Mundo calificó como "la peor crisis institucional de los últimos 40 años en España".

Según diversos medios, el bloque independentista formado por los partidos Junts pel Sí y la CUP tiene previsto tramitar el miércoles en el Parlamento regional catalán la Ley del Referendo que da marco legal a la consulta del 1 de octubre. Otra opción es que el Gobierno de Puigdemont la apruebe por decreto.

En cualquiera de los dos casos, Rajoy la impugnará por medios judiciales como hizo con todas las iniciativas similares anteriores.

La gran duda aún es si recurrirá a una herramienta de otro calibre: el artículo 155 de la Constitución española que, en una situación extrema, permite adoptar "las medidas necesarias" para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones. Hasta ahora no tuvo que ser activado nunca en España.

El uso de esa medida excepcional divide opiniones en el amplio arco de partidos nacionales que rechazan la vía secesionista catalana. Mientras los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos aconsejan a Rajoy que no dé ese paso, algunas voces en su Partido Popular (PP) lo ven con buenos ojos.

Agencia DPA