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El economista del mes: "Si el Gobierno no cambia, puede haber default en 2010"
El economista Rodrigo Pena, miembro del equipo del ex ministro Martín Lousteau, es quien analiza la coyuntura en la tradicional entrega de "El economista del mes". El actual director de la consultora LCG considera que si el Gobierno no logra regenerar la confianza interna y externa, tendrá serias dificultades para cumplir con los vencimientos de deuda de 2010.
Rodrigo Pena, director de la consultora Labor Capital and Growth,
liderada por el ex ministro Lousteau, insiste en la necesidad de
volver al FMI.
Hay problemas autoinfligidos y por eso estamos peor parados que otros países de la región. La Argentina venía de crecer a tasas del 8-9%, el año pasado creció alrededor del 5% y este año caerá más del 2%. No hay otro país en la región, salvo Venezuela y quizás Ecuador, que vaya a tener una caída tan abrupta en su tasa de crecimiento.
Antes de que se desatara la crisis internacional, la economía argentina ya venía arrastrando inconsistencias, con una política económica que amplificaba en lugar de morigerar el ciclo. Esto nos dejó sin colchones, principalmente desde el punto de vista fiscal, y generó reacciones desesperadas del Gobierno que han empeorado aún más la situación, como la estatización de los fondos de las AFJP o la moratoria tributaria y el blanqueo de capitales.
Eso también explica que el Gobierno y el campo no pueden salir de la discusión por las retenciones. Pese a la fenomenal baja que tuvieron en el último año, los precios de los commodities están todavía en niveles altos en términos históricos.
El problema es que la caja fiscal se tornó extremadamente dependiente de los recursos que aportaban las retenciones y hoy, cuando el campo necesita un poco de aire, el Gobierno no tiene margen para bajarlas.
Por ahora, su impacto es muy acotado. Hay anuncios que todavía hay que ver cómo se ejecutan, como los de obra pública o los créditos de la ANSES. Los dos anuncios más concretos que hizo el Gobierno desde que reconoció la crisis fueron el aumento en las tarifas de servicios públicos y la eliminación de la «tablita» de Ganancias.
El aumento de tarifas se tendría que haber realizado mucho antes, pero se dispuso en el momento más inoportuno. Esta medida reduce la capacidad de consumo de los sectores de menores recursos. Este sector no sólo es el que tiene una mayor propensión a consumir sino que además es el que más sufrirá los «coletazos» de la crisis.
La eliminación de la tablita es regresiva desde el punto de vista de la distribución del ingreso y le pone plata en el bolsillo a un sector que probablemente ahorre o, peor, compre dólares con esos recursos adicionales. Creo que en época de escasez, esos recursos se podrían haber aprovechado mejor.
Lamentablemente, sigue pasando el tiempo y buena parte de las cosas que hay que hacer son las mismas. Sólo que cada vez es mayor la urgencia para llevarlas a cabo. Hoy el Gobierno no tiene poder de fuego para atajar la caída de la actividad económica. Lo que necesita de inmediato es recobrar la confianza interna y externa porque sin eso no tiene margen para llevar adelante una política económica verdaderamente activa que permita paliar la situación.
Con la política fiscal, el Gobierno se enfrenta con el dilema de la «frazada corta». O procura expandir en serio el consumo, o paga los abultados vencimientos de deuda que tiene en 2009 y 2010 y se queda con medidas livianas que no mueven la aguja. Sólo podría salir de este dilema accediendo a fondos del FMI, pero esto -en el mejor de los casos- recién podría llegar el año próximo. Mientras tanto, debe hacerse un manejo muy eficiente del gasto, focalizándose en los sectores de menores ingresos, que no sólo son el sector más vulnerable sino el sector que más consumo puede traccionar. Eso con respecto a lo fiscal.
La política monetaria también se encuentra fuertemente limitada por la falta de un horizonte de previsibilidad. Sería saludable que el Banco Central buscara activamente impulsar el crédito para consumo e inversión. Pero la sociedad hoy no demanda pesos y esa inyección de liquidez probablemente no vaya a consumo e inversión sino que se vaya al dólar. Algo similar ocurre con el manejo del tipo de cambio. Una depreciación del peso -en un contexto en que todos los competidores de la Argentina han devaluado- ayudaría a las empresas a no reducir tan abruptamente su producción y a sostener sus fuentes de trabajo. Sin embargo, la sociedad argentina ha demostrado (en la crisis con el campo y con la estatización de las AFJP) estar muy «entrenada para correr» contra el peso cuando hay incertidumbre. Y así, cuando el dólar sube, más dólar demanda.
Por eso, volviendo a lo que decía inicialmente y mirando hacia adelante, lo inmediato es corregir el rumbo y regenerar la confianza. Esto implica normalizar el INDEC, acercarse al FMI y poner en funciones un gabinete que renueve la confianza.
No en 2009, pero sí hay un riesgo no despreciable para 2010 si no se reencauza la política financiera. Hasta ahora, lo que el Gobierno ha conseguido postergar fueron los vencimientos de su deuda en moneda local. Pero el problema en el futuro podría venir de una eventual escasez de divisas que lo ponga al Gobierno en el dilema de pagar sus obligaciones en moneda extranjera o quedar expuesto a una corrida cambiaria.
Hasta hace unos meses, los extraordinarios términos de intercambios generaban un inédito excedente de divisas en el mercado cambiario, el cual sobraba para cubrir la mínima dolarización de portafolios existente y la compra de dólares del Tesoro para pagar sus obligaciones financieras. El BCRA absorbía la diferencia y acumulaba reservas.
Pero este año, con precios internacionales menos favorables para nosotros, la oferta de divisas del sector externo apenas alcanzará para darle al Tesoro los dólares que necesita para pagar su deuda. La dolarización de portafolios, que fue de u$s 23.000 millones en el 2008, ahora irá directamente contra una caída de reservas del BCRA.
Es imposible prever de cuánto será la dolarización. Dependerá más de lo que ocurra localmente que de los sucesos externos, como ya quedó demostrado durante el conflicto con el campo y tras la estatización de las AFJP. También es importante que durante los meses previos a la campaña electoral no se vislumbre un escenario traumático para después de octubre en caso de que el Gobierno obtenga un resultado adverso en las urnas.
Siempre volvemos a lo mismo: lo imperioso es que el Gobierno brinde señales de una mayor racionalidad en el manejo de la economía.


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