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El fallo del CIADI sobre YPF podría estar recién para 2018
El antecedente que ayer analizaba el Gobierno argentino es el de Venezuela, que desde 2007 mantiene ante el CIADI una disputa con las compañías CanoccoPhillips y MobilExxon por unos u$s 3.500 millones, aún sin sentencia firme a la vista. Se estima que el fallo se conocerá a fines del próximo año, con lo cual será un caso que habrá demandado unos seis años. Si se cumplieran esos plazos en el caso de Repsol, una resolución demandaría unos seis años y culminaría en 2018, casi al finalizar la gestión que suceda a la de Cristina de Kirchner.
Diseño
El CIADI es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y empresas de capitales provenientes de otra nación. Sería el último garante de la seguridad jurídica entre Estados y privados extranjeros, cuando estos últimos no quieren recurrir o lo hicieron sin suerte en los tribunales locales.
El organismo ha recibido críticas por fallar generalmente a favor de las empresas, especialmente cuando hay entre el Estado demandado y el país origen de la compañía algún tipo de tratado de libre comercio o de protección de las inversiones. Sería el caso de la Argentina con España.
Se le critica también que sólo se pueda demandar a un Estado, y no al revés. El CIADI forma tribunales arbitrales únicos, y, por tanto, no hay una instancia superior a ese tribunal «ad hoc».
Desde la salida de la convertibilidad y el default, la Argentina es el país con mayor cantidad de juicios presentados en su contra ante el CIADI. Son 49 casos (de un total de 192), en su mayoría provenientes de empresas prestadoras de servicios públicos privatizados con tarifas en dólares, o empresas energéticas, como Repsol.
Juicios
En 2006, el Banco Mundial había notado que la Argentina tenía activo casi un 32% del total de juicios abiertos en el tribunal, y llamaba al país a atenderlos. Actualmente, la Argentina tiene ante el CIADI 17 causas en trámite sin laudo y 10 causas con laudo. El monto total de las demandas contra la Argentina se estima entre unos u$s 13.000 y u$s 20.000 millones, a los que podrían sumarse los 10.000 millones que podría demandar Repsol.
Entre esos casos se encuentra el de la francesa Suez, que demanda por la estatización de AySA y las polémicas demandas de fondos buitre (Asurix y CMS) contra el país por el default de títulos públicos al salir de la convertibilidad. Estos fallos por unos u$s 800 millones son los que utilizó el Gobierno de Barack Obama para justificar la suspensión de la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) hace algo menos de un mes.
El país, si bien perdió juicios por unos u$s 900 millones, ganó por u$s 1.500 millones, además de haber empatado en cantidad de fallos en contra y a favor (9 contra 9).
En general, los casos más importantes por la salida de la convertibilidad terminaron en arreglos. El más conocido es el de la española Telefónica por unos u$s 2.834 millones. Otros reclamos abiertos son los de Gas Natural, Unisys y Mobil, que esperan pacientemente el fallo final.
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