El Gobierno, impactado, prepara contraofensiva. Confianza en Oyarbide

«Un baldazo de agua fría». Así definió un alto ministro del gabinete nacional la situación generada en Olivos cuando ayer al mediodía llegó la información sobre los movimientos de la jueza María José Sarmiento y el rompimiento de la estrategia oficial para esta semana.

La seguridad de que ahora en segunda instancia la apelación contra la cautelar a favor de Martín Redrado podría no suspender su efecto (con lo cual seguiría repuesto como titular del BCRA), provocó primero la ira de Néstor Kirchner en la quinta presidencial, y otra algo más controlada pero igual de violenta de Cristina de Kirchner.

La Presidente se enteró de las malas novedades cuando estaba por hablar en el salón principal del Banco Nación, donde lanzó créditos a favor de los productores de trigo (ver nota aparte).

«Subestimamos a Sarmiento», se lamentaba el ministro, que inmediatamente debió comenzar a preparar la información sobre quiénes son las dos juezas que llegarán a la cámara desde el lunes, y que deberán tratar los casos de la destitución de Redrado y la vigencia del DNU por la creación del Fondo del Bicentenario.

Los datos que el funcionario debía mandar a Olivos no eran muy auspiciosos para el Gobierno. Si bien en su puesto permanecerá Carlos Grecco, quien el sábado recibió la apelación oficial en su dormitorio, desde la semana próxima comenzarán a trabajar en la Cámara en lo Contencioso Administrativo las juezas Marta Herrera y Clara Do Pico. Ambas son consideradas absolutamente independientes, y, especialmente la primera, con fuertes vínculos con la Corte Suprema, y no tomarían ninguna resolución de fondo sin algún aval del máximo tribunal.

En otras palabras, desde el lunes próximo se terminará la mayoría en la cámara que el Gobierno descartaba tener con los votos positivos de Carlos Grecco y Javier Fernández. Incluso, si hay que hacer alguna aproximación sobre cómo votarían las juezas, ambas estarían más cerca de volcarse a que en ambos temas, pero especialmente en el decreto de las reservas, debería existir una intervención del Congreso nacional. Este es el criterio que deslizó la Corte el 30 de diciembre pasado, cuando dio lugar a la presentación de la provincia de San Luis por el uso de reservas para el pago de deuda externa y la creación del Fondo del Bicentenario.

Ante este panorama, la orden de Kirchner fue que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, cumplieran a rajatabla con todos los pedidos necesarios para que avance la causa de la acusación contra Redrado por mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este caso está siendo tratado por el juez Norberto Oyarbide, de buena memoria en el Gobierno, y que ayer habilitó la feria judicial para tramitar la denuncia. Según los Kirchner, en los próximos días debería aparecer un primer movimiento de Oyarbide a favor de la posición oficial y en contra de Redrado, que produzca tanto ruido como el que Sarmiento provocó atendiendo el amparo del restituido funcionario.

Kirchner ordenó, además, mantener una guerra fría dentro del Banco Central en contra de Redrado hasta que se solucione la situación judicial. Todos los funcionarios de nivel que responden a su mando deberán entrar a la entidad antes de las 7:30 de la mañana y abandonar el banco después de la salida de Redrado. En todo momento, Miguel Pesce, Sergio Chodos, Carlos Sánchez, Gabriela Ciganotto y Waldo Farías tienen que estar además en funciones permanentes para frenar cualquier decisión que quiera tomar Redrado y que pueda ser neutralizada por el directorio.

Néstor Kirchner también intervino en otro movimiento. Personalmente quiere encabezar una campaña de desprestigio para los jueces que fallen en contra de sus iniciativas. El primer movimiento será vincular a la jueza Sarmiento con la dictadura. Un indicio inicial fueron las declaraciones del apoderado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, Pablo Salinas, que recordó que el padre de la jueza «es un militar que durante la dictadura trabajó en la SIDE». Según Salinas, la jueza se debía haber inhibido.

Néstor y Cristina de Kirchner pidieron ayer (lo vienen haciendo desde el jueves pasado) información sobre los bancos que están comprando dólares a futuro, presionando una suba de la moneda. Según la información, algunas de estas entidades serían incluso bancos de capital nacional que el miércoles pasado firmaron una solicitada de ADEBA a favor del Gobierno pidiendo la renuncia de Redrado para garantizar la estabilidad financiera y cambiaria. La información fue suministrada por el ala leal del propio Banco Central y guardada en una carpeta donde se enlistan los enemigos de Olivos. Igualmente, la intención de los Kirchner es conseguir datos de multinacionales, bancos extranjeros o grupos económicos locales fuertes que estén comprando dólares a futuro para coordinar embestidas desde algún rincón del conurbano bonaerense.