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El Gobierno ordenó estatizar también la empresa YPF Gas
Pocas disidencias entre el socialismo y el Gobierno en la expropiación de YPF. Rubén Giustiniani y Daniel Filmus más tranquilos tras la firma del dictamen.
El anuncio fue hecho por el senador Aníbal Fernández, que mencionó que también se expropiaría una distribuidora de gas. Esto causó inquietud en el mercado, porque hubo rumores y versiones que involucraban a Gas Natural y también a Metrogas como la empresa a expropiar; algunas agencias internacionales incluso recogieron el error.
Gas Natural, que opera en el norte de Buenos Aires, es un 54,6% propiedad de la española Gas Natural Fenosa y un 26% de la ANSES (por «herencia» de las AFJP). El resto del capital se divide entre Insud (del empresario local Hugo Sigman) y pequeños inversores.
De todos modos, la «candidata» a la expropiación a la que pareció referirse Fernández (antes de aclarar la situación) parecía ser Metrogas: allí la británica British Gas tiene el 55% de las acciones; el otro 45% es de YPF. Ahora, ese paquete minoritario pasará a las arcas oficiales en cuanto se concrete la expropiación.
En la embajada británica observan con inquietud la evolución del proceso YPF, en el que ahora British Gas tendrá como socio al Estado argentino, en un momento políticamente sensible por la exasperación mutua que provocó el tema Malvinas. También es sabido que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se ha expresado en privado en contra de que una empresa inglesa maneje el gas de buena parte de los argentinos. No sería de extrañar que, a partir de tener el 45% de las acciones, el Gobierno haga un intento por tomar el control de Metrogas.
En lo que hace a YPF Gas no hay dudas: el capital es 100% de Repsol y sus socios locales (hasta el lunes) el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, en la misma proporción que tienen (hasta que se concrete la expropiación) en YPF. Dentro de pocos días -una vez que se apruebe la ley de expropiación en el Congreso- serán del Estado argentino.
Para alivio de Gas BAN y de Metrogas, una hora y media después del anuncio erróneo Fernández aclaró que el objeto del interés oficial era YPF Gas, que tiene bastante más del 50% del mercado de gas en garrafa, un combustible que consumen en su inmensa mayoría los hogares más humildes.
Hace un par de años surgió una polémica no menor en relación con la denominada «garrafa social», un invento del secretario Moreno que nunca se llevó a la práctica del todo, y que subsidiaba en parte el valor de la «bombona» de 10 kilos. Sucede que la «garrafa social» tenía una distribución muy acotada, y en muchos casos los comercializadores la recibían a «valor social», pero la vendían a precio «común».
El invierno pasado, la garrafa «social» se conseguía en muy pocos lugares a un valor que rondaba los $ 27; la «común» cotizaba a poco más de $ 40. Hoy en la Argentina hay cerca de 14 millones de personas que no tienen gas por red y deben echar mano a esta forma de combustible para sus casas.
Sin embargo, el tema central no sería ya la diferencia entre estas dos categorías de gas licuado, sino la enorme brecha que existe entre el GLP y el gas de red. Los usuarios de garrafas, que las emplean para alimentar básicamente una estufa, una hornalla (sin horno) y un calefón, terminan gastando entre cuatro y cinco veces más por metro cúbico de gas que un hogar urbano en barrios de clase media o incluso de los más acomodados que tienen muchos más y mejores artefactos.
Ayer hubo alusiones a esta diferencia abismal por parte de opositores al propio Fernández (ver nota aparte) sobre si el Gobierno, cuando pase a controlar el mercado del gas licuado, mantendrá esta diferencia, a todas luces injusta e injustificable.
«En el mismo proyecto lo que va a decir es (se expropia) YPF e YPF Gas. Son dos sociedades, por eso hay que declarar las dos de utilidad pública y sujetas a expropiación», explicó el exjefe de Gabinete y hoy senador oficialista.


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