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El Gobierno santiagueño recibe hoy a desalojados
En medio del reclamo por una nueva Ley de Arrendamientos, los pequeños productores santiagueños viajarán a Buenos Aires, para participar el 9 de noviembre de una Audiencia en el Congreso de la Nación. Allí se discutirá un proyecto de ley impulsado por FAA, para poner freno a los desalojos.
Los productores denunciarán ante los legisladores cómo son amedrentados para dejar sus tierras. El último episodio violento lo padecieron el jueves 14, y pocas horas después decidieron iniciar un reclamo sobre la Ruta 34, en el kilómetro 716, para exigir el «cese de los hostigamientos».
«Una delegación de campesinos viajará desde el monte santiagueño hasta la Ciudad de Buenos Aires, para participar el próximo 9 de noviembre de la importante audiencia en el Congreso de la Nación, en la que se discutirá el proyecto de ley para poner freno a los desalojos, que impulsa nuestra entidad a nivel nacional. Intentamos encontrar una solución de fondo a un problema que lleva años», reseñó el secretario gremial de la Federación Agraria, Omar Príncipe.
La decisión se tomó en la asamblea realizada por la FAA junto a los pequeños productores el viernes 22 sobre la Ruta 34, en Santiago del Estero, tras varios días de corte de ruta e intensas gestiones a nivel nacional para garantizar que se respete el derecho de los productores a seguir en sus campos.
En el monte santiagueño, como en diversos puntos del país donde hay pequeños productores con tenencia precaria de sus tierras, suelen repetirse los intentos de los grandes empresarios de desalojar a los campesinos. «El último de los episodios se dio el jueves 14 de octubre, cuando nos llegó la denuncia de que habían querido sacar a balazos a los pequeños productores de la zona de Pozo Castaño, el paraje rural en el que viven cerca de 60 familias, a unos 200 kilómetros de la capital provincial», agregó Príncipe.
Poco después, los productores locales, el MOCASE, la filial FAA de Agua Amarga y varias organizaciones de base de la zona decidieron iniciar una protesta sobre la Ruta 34 a la altura del km 716. Allí, desde el lunes 18 hasta el viernes 22, se realizaron cortes intermitentes y se repartieron volantes con información sobre la difícil situación.
Según la información brindada por los campesinos, los problemas en Pozo Castaño se agudizaron cuando una multinacional adquirió 10.000 hectáreas de tierra, que incluían al mencionado paraje rural y las casas de la gente. En ese contexto, el jueves 14 de octubre «los campesinos se vieron sorprendidos por personas que los amedrentaron a tiros y les gritaban que debían abandonar sus tierras», dice el comunicado de la entidad.
«Afortunadamente, lograron escapar y refugiarse en el monte sin que hubiera heridos de gravedad», señaló Raymundo María Luna, de la filial Agua Amarga de FAA. «El juez que actúa en la causa ha librado medidas cautelares de prohibición de ingreso a la tierra a las familias que actualmente habitan la zona. De esta manera, esos lugares terminan siendo zona liberada para los usurpadores», afirmaron los dirigentes campesinos.
Los abogados que actúan en favor de los damnificados han realizado denuncias por usurpación, uso de armas y hurto de ganado, aunque hasta ahora no hubo detenidos por el hecho.


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