El Parlamento Europeo rechazó modernizar las leyes laborales

Miles de personas movilizadas por los sindicatos desfilaron ayer por las calles de la ciudad francesa de Estrasburgo. Luego, festejaron cuando el Parlamento europeo se negó a convalidar una extensión de la semana de trabajo.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo (PE) rechazó ayer por holgado margen la ampliación de la semana laboral hasta un máximo de 65 horas, el límite que había acordado una mayoría de gobiernos del bloque desatando una crisis en el grupo de «los 27».
El No de la Eurocámara a la posibilidad de ampliar la semana laboral fue sorprendentemente rotundo a tenor de los pronósticos que hacían antes de la votación los propios diputados, muy divididos sobre la medida, y forzará a los Estados miembros a negociar un nuevo texto con el PE.
Finalmente, 421 parlamentarios sobre un total de 785 que forman el cuerpo apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del llamado «opt-out», la cláusula que permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste supere el límite de las 48 horas por semana.

Opción
La postura del PE es, por tanto, totalmente opuesta a la de los países de la UE, que habían pactado -con la negativa de España y Grecia- convertir esa excepción temporal obtenida por Gran Bretaña en una opción definitiva para permitir una prolongación de las jornadas de trabajo hasta un máximo de 60 o 65 horas semanales, según los casos. Esos límites estarían calculados como media sobre un período de tres meses, por lo que en una semana en concreto sería posible superarlos ampliamente.
La semana de hasta 65 horas contaba con la oposición frontal de los sindicatos europeos, que ayer convocaron a unos 15.000 manifestantes en Estrasburgo para evitar la aprobación de la que algunos llamaron «directiva de la esclavitud» y que expresaron su «satisfacción» por la respuesta del Parlamento.
«Esto no es un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada», dijo inmediatamente después de la aprobación de su informe el ponente del texto y principal rostro de la oposición a la directiva en la Eurocámara, el español Alejandro Cercas (PSOE). El parlamentario, exultante, aseguró que el Parlamento demostró que «no es sordo ni mudo» y que «escucha cuando hay reclamaciones justas».
Cercas recibió el apoyo de la gran mayoría de los diputados socialistas y de izquierda, así como el de una parte importante de liberales y conservadores, principalmente de los del Partido Popular español y de los de otros países del sur de Europa. Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector de la salud, y que pretendían que los períodos inactivos de las guardias médicas -los momentos en los que no se está atendiendo pacientes- dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo. Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea dictaminaron que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de salud.

Postura empresaria
El PE también rechazó la eliminación del descanso obligatorio inmediatamente después de las guardias, otro de los puntos que preocupaban a los médicos europeos.
La patronal europea, BusinessEurope, criticó la postura del PE y advirtió de que «priva a las empresas de la flexibilidad que necesitan» y puede dificultar el funcionamiento de algunos sectores como el de la salud.
El No del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un período de «conciliación» entre la cámara y los Estados miembros para tratar de pactar un nuevo texto.
«Vamos a hacer una oferta al Consejo (órgano que representa a los países) que va a ser razonable, una oferta negociada con los sindicatos y los médicos, y el Consejo verá», dijo Cercas.
Entre las propuestas -módicas- que la Eurocámara aprobó para dar más flexibilidad a los empresarios figura, por ejemplo, la de elevar de 4 a 12 meses el período de referencia que se usa para calcular la semana laboral de 48 horas, que puede superarse siempre que se compense con tramos de menor carga a lo largo del año.
En España hubo festejos por el resultado por parte de dirigentes políticos y sindicales.
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, evaluó que la normativa rechazada constituía «una amenaza para el modelo social europeo y un paso atrás en la historia».
Por su parte, las centrales Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera aseguraron que el rechazo «frontal» a la directiva es «un avance hacia el trabajo decente».
Agencias EFE, DPA y AFP