20 de abril 2009 - 00:00

El Primer Mundo, la tortura y la renuncia a la moral

La reciente publicación de cuatro memorandos del Departamento de Justicia norteamericano para uso interno de la CIA, detallando métodos de tortura «aceptables» según la administración Bush, constituye la última confirmación de hasta qué punto y con cuánta facilidad algunas de las democracias más avanzadas del mundo relativizaron y hasta abdicaron de principios antes proclamados universales y absolutos.
«Estados Unidos ha determinado que los individuos de Al Qaeda y el Talibán no merecen el estatus de prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra de 1949», comunicó Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de George W. Bush, a los comandantes militares en enero de 2002. El artículo 3º de esa Convención prohíbe el trato degradante y la tortura a prisioneros. Es natural que el paso siguiente hayan sido los memos, ahora revelados, elaborados por abogados del Gobierno entre 2002 y 2005, para el interrogatorio de sospechosos en cárceles secretas diseminadas por el mundo. En ellos se habla de presión psicológica, privación del sueño, humillación (desnudar al prisionero o vestirlo sólo con pañales), golpes (contra un muro, puñetazos, etcétera), posiciones extenuantes y asfixia simulada. Uno de esos documentos autoriza el uso de insectos en el cuerpo del prisionero y aconseja alternar asfixia con golpes para una mayor eficacia, explicando que «ante la ausencia de un prolongado daño mental (la asfixia simulada) no constituiría tortura».
El impacto de estas revelaciones opacó otras, no menos inquietantes. También el Reino Unido se exceptuó a sí mismo del cumplimiento de normas humanitarias. En 2005, luego de los atentados en el subterráneo londinense, se aprobó, a instancias del entonces premier Tony Blair, un paquete de leyes secretas que daba más poderes al Estado en la «guerra contra el terror». En febrero pasado, la prensa británica reveló que esas normas autorizaron el recurso a la tortura. Aunque no la practicaron por sí mismos, miembros del servicio secreto británico presenciaron y toleraron su aplicación a prisioneros en otros países. Así lo declaró a la Justicia uno de estos agentes, quien dijo haber tenido «la impresión de que era una práctica legal», por estar en conocimiento de sus superiores. La Convención de la ONU contra la tortura no sólo condena a quienes la practican sino también «todo acto» que constituya «complicidad o participación» en ella.
Esto no impidió que, como todos los años desde 1998, el Foreign Office publicase su informe anual sobre derechos humanos en el cual el Gobierno británico expresa su preocupación por la violación de los mismos en Colombia y en otros 20 países. Sin mayores fundamentos, el documento afirma que «el Reino Unido ve sus agendas sobre derechos humanos y lucha antiterrorista como mutuamente reforzadoras».
Si se suma a lo anterior el dato de que, según un informe de la Eurocámara, catorce países europeos están comprometidos en los vuelos secretos en los que la CIA trasladaba a personas ilegalmente detenidas -en un rango de responsabilidad que va desde hacer la vista gorda ante el paso de los aviones hasta albergar cárceles secretas en su territorio- surge la imagen de un Estado de excepción, similar al que regía, en tiempos del mundo bipolar, en dictaduras de signo ideológico opuesto.
En aquellos años, América del Norte y Europa occidental parecían oasis de libertades individuales. Ahora, sin embargo, toleraron la detención ilegal de sospechosos, la incomunicación del mundo exterior en cárceles secretas, el aislamiento en calabozos, la presión psicológica y la tortura física -hasta con supervisión médica-, la reclusión por tiempo indeterminado sin juicio y los procesos sin la debida garantía.
Por si faltaba algo, este inquietante cuadro se completa con justificaciones que son un eco del discurso de aquellos regímenes de «excepción» de la Guerra Fría. Tom Ridge, secretario de Seguridad Interna en tiempos de Bush, admitió, por ejemplo, que el recurso a la tortura fue una equivocación, pero -dijo- «Estados Unidos enfrentaba un nuevo tipo de amenaza», una «nueva guerra» contra un «enemigo que no utiliza uniformes».

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