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El separatismo catalán mostró su determinación a apenas tres semanas del referendo
La marcha por el día nacional dejó en evidencia una crisis sin precedentes. Madrid busca impedir la votación.
Para celebrar la votación, el gobierno nacionalista catalán deberá superar los obstáculos de la justicia y del gobierno español del conservador Mariano Rajoy, dispuestos a impedir esta consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.
La fiscalía se querelló contra todo el gobierno regional y ordenó la incautación del material que pueda ser utilizado para la elección. La guardia civil registró ya una imprenta y una revista sospechosas de haber impreso las boletas.
"No hay suficiente poder para impedir el deseo de los catalanes de votar", avisó Puigdemont que, en caso de que se imponga el sí, promete declarar la secesión de esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes. De hecho, algunos catalanes en el extranjero ya empezaron a participar, destacó.
La marcha servirá para calibrar su capacidad de convocatoria, diezmada en los últimos meses. "Hoy es más relevante que nunca. Tenemos que demostrar que si alguien amenaza las urnas, saldremos todos a defenderlas, pacíficamente claro", aseguraba Sever Salvador, un funcionario de 63 años.
Pero para los no independentistas, la manifestación, con el lema "La Diada del Sí", excluye a la mitad de la población catalana que no apoya la secesión."Se nos intenta marginar, expulsar y silenciar de una fiesta que supuestamente es para todos los catalanes pero que ya sabemos hace mucho tiempo que sólo es para una parte", los independentistas, criticó Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, principal partido opositor en la región.
Con mareas humanas en Barcelona, una cadena humana de 400 km o una "V" de victoria de 11 kilómetros de largo: desde 2012, centenares de miles de catalanes reclaman en este día un referéndum de autodeterminación. Amplios sectores de Cataluña, una región con una fuerte identidad e idioma propio, apuestan por esta consulta para definir su futuro. El consenso se rompió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional recortó un estatuto regional que ampliaba su autonomía.
Rajoy cuenta con el apoyo de los principales partidos de España, entre ellos el Partido Socialista (PSOE) y el liberal Ciudadanos. La formación izquierdista Podemos apuesta por una consulta pactada con el Estado y dentro de la legalidad, como la celebrada en Escocia en 2014.
Agencias DPA y AFP |
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