Elección en Magistratura: otro test del Gobierno con la Corte

Juan Mahiques presta ayer juramento ante Ricardo Lorenzetti. Será el representante del Gobierno en la Magistratura y tendrá el voto decisivo para designar autoridades en 2016. Retendrá despacho clave en Ministerio de Justicia. Su nombre se impuso sobre una silla que pedían los radicales.

El Consejo de la Magistratura inició ayer su recambio de autoridades para dar lugar a la nueva composición que coexistirá con el Gobierno macrista. Juan Mahiques prestó juramento en la Corte Suprema como nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el organismo que nombra y remueve jueces. En tanto la senadora kirchnerista Virginia García ingresó como representante del Senado en reemplazo de Pablo González, que asumió como vicegobernador en Santa Cruz.

En teoría hoy se debían votar las autoridades para 2016 pero todavía resta que el bloque del peronismo defina quien reemplazará a Anabel Fernández Sagasti (Héctor Recalde ya confirmó que sigue en su asiento). Un cambio que desata múltiples intrigas porque los diputados peronistas que responden a jefes territoriales han instalado la idea de que el kirchnerismo ya debería darse por representado con la permanencia de Recalde, alusión que tiene que ver más que nada con el hijo del diputado, integrante del kirchnerismo juvenil. Obviamente ésta no es la visión del entorno de Cristina de Kirchner, que podría aspirar a que Eduardo de Pedro regrese al Consejo o bien un satélite suyo.

El recambio de los representantes del Senado ofrece otras rispideces. La más notoria es que el senador Rodolfo Urtubey por ahora no desembarcará en el organismo. La puja por la representación del peronismo territorial dejo en vencedor a José Luis Gioja, que mantendrá en la Magistratura al senador sanjuanino Ruperto Godoy.

La designación de Mahiques lo cristaliza como un interlocutor rutilante en la arena judicial ya que además acumula la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial. El funcionario cuenta con una amplitud de contactos y vinculaciones que no tiene comparación en el staff macrista dedicado a la Justicia. Tiene llegada a jueces federales que son distantes al macrismo y donde no se mueve con soltura, al punto que esta semana estuvo en primera fila en un acto protagonizado por la procuradora Alejandra Gils Carbó y María Laura Garrigós de Rébori, protagonistas de la corriente Justicia Legítima. Esta capacidad fue la que lo llevó a imponerse al radicalismo en la disputa por un asiento que es sensible.

En las últimas horas incursionó con discreción hasta la Casación Penal federal para conversar sobre el cierre definitivo del expediente por la constitucionalidad por el memorando firmado con Irán. Esta misión es contra reloj porque mientras más tarde en darse por cerrada la cuestión (algo que deben decidir tres jueces de la Casación) más crecen las chances de que la polémica termine en el Congreso, donde al Gobierno le costará encontrar los números para revocar el tratado firmado con Teherán.

El voto de Mahiques en la Magistratura definirá al nuevo presidente. Los radicales y los jueces se inclinan por llevar a la presidencia al abogado Miguel Piedecasas, cercano a Ricardo Lorenzetti. Hasta ahora serían cinco votos asegurados para el abogado (dos jueces, dos legisladores y su propio voto). En este conteo debería estar el voto de Adriana Donato pero la abogada también está interesada en la presidencia y para eso tiene los votos de los consejeros del peronismo.

La nominación de Piedecasas es un producto de la conversación entre Mauricio Macri y el senador Ernesto Sanz. En este momento lo único que podría poner en jaque ese acuerdo es que el macrismo decida que la Magistratura no se encuentre bajo la órbita de Lorenzetti. Sería otra señal que se complementaría con la determinación presidencial de que tener un solo miembro en la Corte no bastaba para librar las batalles que allí se gestan y que en parte esa idea motivó apartarse del camino institucional. El Gobierno quiere dos jueces en la Corte. Por el momento el cálculo parece ser correcto, ayer Horacio Rosatti dijo ante quienes lo contactaron que su terminal será Balcarce 50.

Es tal esta ambición que la idea inicial del entorno presidencial era que apenas se concretara la jura de los dos nuevos ministros, se realice luego un plenario para conversar diversas cuestiones. Impulso que quedó abolido luego de una llamada al cuarto piso (ver nota aparte). En la Corte ya daban por descontado que habría múltiples embestidas contra los fallos que firmen Rosatti y Carlos Rosenkrantz por considerar irregular su designación en comisión. En sí, sería un frente judicial de cautelares y arremetidas que podrían terminar resolviendo los tres jueces que ahora tiene el máximo tribunal. Por eso la cautela del cuarto piso sobre el mecanismo elegido y por eso la decisión de que los nuevos ministros juren en 2016.

La reapertura del Congreso traerá definiciones sobre este issue porque el Gobierno confía en persuadir a los gobernadores peronistas de que el presente económico está por encima de cualquier disputa legal por dos jueces en la Corte. Para el oficialismo, la actualidad es el terreno de los desafíos de la economía y el pasado reciente el de la Justicia donde la nueva administración busca mostrarse implacable con sus objetivos inminentes, o sea, completar la Corte y despedir a Alejandra Gils Carbó (por cierto, el fiscal Guillermo Marijuan ya avisó que no tiene problema en ser nombrado en comisión).

El pasado puede ofrecer oportunidades que escasean en un presente dominado por una economía en zona de turbulencias. Concepto que explica la visita discreta que ayer le realizó Germán Garavano a Martín Irurzun, actual presidente de la Cámara Federal. Fue un encuentro cordial. Irurzun ya está en conocimiento de que atenderá su cargo el año próximo lo cual debe considerarse porque cuando aparezcan recusaciones en la Corte (las habrá, especialmente con las designaciones en comisión) hacen su ingreso los presidentes de las cámaras federales como conjueces. Irurzun tiene un rol central en esa liga.