Embajador contra embajador por caso Venezuela

El embajador argentino en Perú, Darío Alessandro, negó ayer ante la Justicia haberle sugerido al ex embajador en Caracas, Eduardo Sadous, que dejara de indagar sobre el supuesto pedido de retornos por parte de funcionarios argentinos a empresarios, como había declarado el ex diplomático.

Alessandro, entonces subsecretario de Política Andina de la Cancillería, precisó que se había cruzado con Sadous en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que éste le había preguntado si iba a un acto que el Gobierno organizaba en la Casa Rosada con Hugo Chávez y funcionarios venezolanos al cual no había sido invitado. Según el actual embajador en Perú, él se limitó a recomendarle que no fuera, pero que «en definitiva hiciera lo que quisiera».

Por otro lado, confirmó que Sadous había advertido en varios cables diplomáticos enviados a la Cancillería sobre las supuestas irregularidades en el manejo del fideicomiso de unos u$s 90 millones que la Argentina creó junto con Venezuela y que dio lugar a abultados negocios bilaterales entre ambos países que hoy investiga la Justicia argentina.

Alessandro agregó en este punto que el cable de Sadous provocó «atención, preocupación y acción de las autoridades de la Cancillería». Señaló además que había mantenido una reunión por ese tema con el entonces embajador venezolano en la Argentina, Fredy Balsan.

La versión que Sadous había relatado ante la Justicia semanas atrás fue otra. El ex embajador aseguró que, luego de enviar los cables en los que advertía sobre el fideicomiso, no había sido invitado al acto. Ante ese situación, se comunicó con Alessandro, quien, según Sadous, le dijo que en el Gobierno «estaban muy molestos por el cable enviado» y que «no apareciera por Casa de Gobierno porque lo iban a sacar a patadas».

En esa declaración, el ex embajador también afirmó que durante su gestión en Venezuela varios empresarios argentinos se le acercaron para quejarse porque funcionarios del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido les habrían pedido retornos de entre un 15% y un 20% para participar en los negocios con Venezuela.