Embestida contra la reforma en Jujuy: Corte pidió dictamen a Casal

El procurador general interino debe dictaminar sobre competencia para tratar escrito presentado por Gobierno nacional.

consecuencia. La provincia de Jujuy perdió ya mil millones de pesos por los cortes de ruta y las protestas en contra de la reforma constitucional que llevó adelante la administración del radical Gerardo Morales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió dictamen ya al procurador general interino, Eduardo Casal, sobre el escrito presentado el 30 de junio por el Gobierno de Alberto Fernández en pos de la declaración de inconstitucionalidad de la reciente reforma parcial de la Carta Magna de Jujuy, impulsada por el mandatario radical y precandidato a vicepresidente de JxC, Gerardo Morales.

“Con el objeto de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación”, dispuso el secretario de Juicios Originarios de la Corte, Alejandro Rodríguez.

Amparo

En paralelo, integrantes de la Multisectorial contra esa reforma jujeña elevaron un amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para reclamar la nulidad del procedimiento desplegado para modificar parcialmente la Constitución y denunciaron que la administración de Morales busca “adecuar las cartas orgánicas de seis municipios” al texto normativo sancionado y jurado el 20 de junio pasado.

Además, pidieron al máximo tribunal jujeño que ordene la concreción de un nuevo proceso de reforma. “Solicitamos suspender la aplicación de todo el texto aprobado por la reforma parcial realizada hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los derechos vulnerados a las comunidades”, señalaron.

En el plano nacional, la Corte dio ingreso formal el pasado miércoles a la “acción declarativa de inconstitucionalidad” presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y por el abogado en representación del Estado Nacional, Pablo Perchia.

Planteos

El escrito, de medio centenar de páginas, plantea la supuesta “inconstitucionalidad” de tres artículos de la Carta Magna jujeña: el 67 inciso 4°, el 94 y el 95. Se trata de artículos que refieren a las modalidades de la protesta social y la prohibición y criminalización de los bloqueos de rutas, y a los derechos a la tierra de los pueblos originarios en territorio provincial.

Según la presentación, los artículos cuestionados “subvierten el orden institucional creado por la Constitución Nacional, así como derechos y garantías allí consagrados”. “Lo hace también con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, añade el texto.