Discretamente, el Gobierno comenzó a enviar algunos proyectos de ley al Congreso, que por estos días y hasta junio sólo mantiene esporádicas reuniones de comisión, sin ninguna posibilidad de organizar una sesión para votar leyes. Cristina de Kirchner seguramente decidió adelantar las elecciones al 28 de junio sin tomar en cuenta las batallas que debería librar en las cámaras entre esa fecha y el 10 de diciembre, día en que asumirán los nuevos diputados y senadores. Con la profusión de encuestas que recibe la residencia de Olivos, el matrimonio supo desde hace tiempo que aunque obtuviera un resultado honroso en la provincia de Buenos Aires -que le permitiera inclusive armar un discurso moderadamente triunfalista-, en el cálculo final perderá seguramente una cantidad importante de diputados.
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A la Presidente y su marido se les abrirá un escenario al que no estuvieron acostumbrados en los últimos años, pero que comenzaron a sufrir desde hace unos meses, cuando la salida de Felipe Solá del bloque oficialista y la partida de otros aliados, le hizo perder el quórum propio en esa Cámara. En esas condiciones, seguramente peores después de diciembre, deberá enfrentar, entre otras cosas, el debate de la renovación de casi la mitad de los impuestos que nutren hoy al ya disminuido Tesoro. De ahí el apuro por armar una lista de leyes a votar antes que cambie el escenario.
Como negociar es, por definición kirchnerista, un imposible para esta administración, el Gobierno ya empezó a preparar una agenda «de transición» entre el actual Congreso, ya difícil y rebelde a la hora de votar leyes del Ejecutivo, y el que directamente será impermeable a esos pedidos desde el 10 de diciembre.
Mientras algunos diputados discuten cómo será el nuevo régimen penal para menores, cada día más lejano a pesar del pedido de Néstor Kirchner, por mesa de entrada fueron llegando ideas de la Casa Rosada para reformar el Código Penal, habilitar la construcción de una cuarta central nuclear y hasta un régimen para gravar con IVA e impuestos internos los artículos electrónicos.
Este último tema es una prueba clara de la imposibilidad política que tiene hoy el kirchnerismo para reunir al Congreso. Se trata de un proyecto que aplica IVA e impuestos internos a la importación de todo producto electrónico para el hogar que se fabrique en Tierra del Fuego. Heladeras, equipos de aire acondicionado, teléfonos celulares, pantallas de LCD, grabadores y elementos para computadoras quedarían así protegidos de la competencia externa. Sería extraño que algún opositor aceptara sentarse a discutirlo en medio de la campaña y sin esa ayuda el oficialismo hoy ya no puede reunir el quórum.
El proyecto, que busca subir la recaudación más que proteger la producción de las fábricas fueguinas, es sólo el principio de un paquete de fin de año que deberá enfrentar Cristina de Kirchner, como lo hicieron otros presidentes, cuando comenzaron a sufrir los efectos de la debilidad política.
Los ejemplos sobran en la historia reciente. Raúl Alfonsín debió garantizarle a Carlos Menem la votación de las primeras leyes de su Gobierno, cuando aún no había cambiado la conformación de Diputados. Menem, por su parte, no le garantizó nada a nadie, pero sí sufrió la presión de Eduardo Duhalde que, en una de las renovaciones del Impuesto a las Ganancias, le arrancó un refuerzo del fondo para el conurbano, mientras el resto de los gobernadores se alimentaban de las migajas de ese festín que vivió el Congreso hacia el final de la presidencia del riojano. Y el propio Duhalde tuvo que ceder también a los gobernadores parte de la distribución del impuesto al cheque, víctima de la debilidad de su Gobierno.
Ahora, Cristina de Kirchner deberá enfrentar también la voracidad de gobernadores empobrecidos por la crisis y con sus números en déficit desde hace tiempo y la inclemencia a que puede someterla la oposición. De ahí, que dentro del paquete de transición de un Congreso hacia el otro, esté entre los primeros puestos nuevamente la renovación de todos los impuestos que vencen el 31 de diciembre.
Ganancias es el primero y el que, por su distribución, corre más peligro de caer bajo las garras de las provincias, que buscarán que les refuercen fondos por esa vía. Pero, en la lista sigue otro tributo clave para garantizar el cobro del anterior: Ganancia Mínima Presunta, una idea de Roque Fernández como ministro que los Kirchner nunca quisieron derogar.
También se debe renovar parte del impuesto a los bienes personales, el impuesto sobre el capital de las cooperativas, el adicional de emergencia sobre cigarrillos, parte del Monotributo, y hasta la suspensión de la exención a Ganancias sobre los reintegros y reembolsos a las exportaciones. Pero, sobre todo, hay otro tributo que la oposición y el peronismo rebelde también esperan con paciencia: este año el Gobierno debe renovar la vigencia del impuesto al cheque. Coparticiparlo en su totalidad es una bandera que la UCR y la Coalición Cívica ya utilizan en la campaña. Será difícil para los Kirchner evitarlo esta vez.
