En el Gobierno niegan trabas a importaciones

Amado Boudou

Parte del Gobierno argentino, extraoficialmente, descartó ayer que se ejecute la intención de Guillermo Moreno de prohibir la importación de alimentos, aun cuando se continúen aplicando medidas antidumping contra productos en los que se confirmen daños a los fabricantes internos. «La medida no existe. No hay ninguna norma que la reglamente», dijo una alta fuente del Gobierno, que en teoría tendría en su área la responsabilidad de reglamentar esa decisión. Aseguró, además, que hasta el momento, ningún superior suyo (un ministro, el jefe de Gabinete o la Presidente) se comunicó para que la instrumentara y que tal como circula entre los despachos oficiales «sería ilegal e inaplicable».

Mientras desde el costado del Gobierno que defiende estas medidas (el Ministerio de Economía y el despacho de Moreno) se aseguraba que no hubo protestas oficiales desde los posibles afectados, embajadores de la Unión Europea (UE) expresaron ayer su «preocupación» por la posible medida. Lo hicieron en el Congreso, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Concurrieron, entre otros, el encargado de Negocios de ese bloque, César García Álvarez; y los embajadores de España, Rafael Estrella; de Suecia, Arne Rodin; de Irlanda, Philomena Murnaghan; de Portugal, Joaquín Ferreira Marques; de Alemania, Günter Kniess; de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian; y de Austria, Robert Zischg.

Estrella opinó: «Me quedo con lo que le escuché a la ministra de Industria, que la Argentina va a cumplir con sus compromisos y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)». Es decir, que no se pueden prohibir las importaciones, salvo que se detecte que producen «a propósito» un daño específico a algún fabricante local. En estos casos, las prohibiciones no pueden ser universales, sino determinadas a un fabricante y un origen definido. Otra traba que puede ser aplicada es un arancel máximo del 35% o una sanción si la importación de un alimento determinado no cuenta con los cánones de salubridad internos exigidos. Ninguno de los productos en conflicto (cervezas, harinas, dulces, enlatados, etc.) tendría alguno de estos últimos problemas.

Ratificación

Las trabas dictadas por Moreno se atribuyen al deseo de frenar la inflación y la intención de proteger la industria alimentaria ante una eventual avalancha de importaciones por una devaluación del euro (que favorecería a los comunitarios y desviaría hacia la Argentina parte del comercio de Brasil con la UE). Sin embargo, los propios industriales del sector agrupados en la COPAL se despegaron el lunes pasado de la medida, y aclararon que una decisión de este tipo afectaría sus posibilidades exportadoras en el futuro.

A pesar de esto, fuentes sindicales aseguraron que las medidas dictadas «verbalmente» por el polémico secretario de Comercio fueron ratificadas el miércoles por Cristina de Kirchner durante una reunión que mantuvo con la cúpula de la CGT, el mayor sindicato del país. «Esto de ser buenitos y abrirnos al mundo y después no poder exportar limones a Estados Unidos es una idea romántica, pero muy ingenua», comentó también ese día el ministro Boudou, quien defendió la necesidad de «cuidar» el mercado interno sin hablar de medidas concretas. Entre otras empresas, y no públicamente, opinaron que se verían afectadas Molinos, Pepsico, Quilmes, Arcor y Kraft, entre otras.

Moreno había anunciado estas medidas la semana pasada, en una reunión que organizó en la Secretaría de Comercio Interior, para la cual citó a representantes de cadenas como Carrefour, Cencosud (Jumbo) y Coto. Ante éstos anunció que desde el 15 de junio las importaciones de productos importados quedaba prohibida si estos tenían un competidor local. Además, les aclaró a los empresarios que no aceptaría denuncias judiciales ni declaraciones a la prensa.