Ni siquiera una modificación de último minuto para aliviar a su propia tropa, logró que el oficialismo porteño recibiera acompañamiento para aprobar una actualización al Código Procesal Penal de la Ciudad. El proyecto se sancionó con los 34 votos del bloque Vamos Juntos, sin que tampoco el radicalismo sumara a sus diputados, y con toda la oposición en contra del proyecto, que crea las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y la entrega vigilada.
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Las bancadas opositoras Bloque Peronista (BP), Unidad Ciudadana y el Socialismo, emitieron un dictamen propio.
Entre las reformas que apuntan a agilizar los procesos judiciales, se imponen nuevos plazos y modalidades para la actuación de los jueces, fiscales y defensores durante el período de investigación de un delito mediante la concentración de actos procesales, oralidad y plazos" y el uso de medios digitales como video conferencias y notificación electrónica.
La propuesta inicial que envió el Gobierno porteño habilitaba durante el proceso de investigación la "vigilancia acústica", "escuchas y grabaciones a través de medios técnicos de las conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores" y "vigilancia remota", pero fue retirado por el gran rechazo de las bancas.
El legislador del Vamos Juntos que preside la Comisión de Justicia, Daniel Presti, consideró "un buen proyecto que sigue avanzando hacia una Justicia que tenga los elementos y las normativas conforme a lo que la realidad exige"; mientras que el diputado Claudio Cingolani dijo que "este nuevo código es avance de importancia respecto de las garantías de todos". Desde el BP, su titular María Rosa Muiños calificó de grave "no sólo la aprobación, sino que el oficialismo lo haya sancionado sin el acompañamiento de la oposición y sin escuchar las objeciones planteadas".
Para el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, la reforma conlleva "graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio".
La legisladora Natalia Fidel, del oficialismo explicó que "es una necesidad que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles mayor contención y soporte durante el proceso penal y un abogado oficial gratuito ayudaría en ese sentido".
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