Enredados en una polémica inútil

María José Lubertino

Legisladores del PRO y de la oposición se enredaron ayer en un debate casi inútil, como es firmar una declaración para sugerirle a Mauricio Macri que se tome licencia en el cargo mientras se investiga su presunta participación en el escándalo de las escuchas, donde tiene procesamiento firme por supuestamente haber participado de una asociación ilícita y consentido una matriz de espionaje en su Gobierno.

Al punto que el macrista Martín Borrelli fustigó los proyectos de declaración, de los cuales, por cierto, hace abuso la Legislatura. El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales arrancó con la kirchnerista María José Lubertino, quien justificó la petición sobre la cual Macri ya dijo «ni loco me tomo licencia». La diputada sostuvo que «una persona que está con procesamiento confirmado, máxime cuando ejerce una posición de poder que podría obstaculizar desde esa posición la investigación no debe, por razones éticas, continuar en el cargo. No hay un solo antecedente en el país».

Siguió Fernando Sánchez (Coalición Cívica): «No vamos acompañar el pedido de licencia. La prudencia institucional en la debilidad que se encuentra la Ciudad y el proceso debería ser en el marco del juicio político que contempla que el funcionario pueda ser suspendido».

Continuó Julio Raffo (Proyecto Sur), defendiendo la licencia. «El jefe de Gobierno tendría que tener el tino de pedir licencia porque no es bueno para una ciudad ostentar un jefe de Gobierno procesado por cuatro delitos graves en firme». Le refutó el ahora macrista Helio Rebot: «No hay ninguna parte de la Constitución que le permita a la Legislatura que pida licencia» y que la posibilidad de entorpecimiento a la investigación «fue descartada por la propia Justicia, si no estarían pidiendo el desafuero». Pero atacó además con que «supongo que el juicio político vendrá después y confío que al jefe de Gobierno no le pasará como a Ibarra» y con que «esto es una operación con eje en Néstor Kirchner».

Intervino entonces Martín Hourest (Igualdad Social) para explicar que «nosotros no queremos que vaya preso ni destituirlo; que se vaya a su casa porque perdió la elección en 2011».

Remató Diego Kravetz (peronismo) en contra de la licencia: «No me parece mal que una parte de la oposición haga un reclamo ético, pero creemos que tenemos que tomar medidas proactivas, como la comisión investigadora», y atacó también: «No la hemos consensuado porque queremos desgastar la imagen del jefe de Gobierno sino porque él nombró a Palacios y su imagen se deteriora sola con sus acciones, con sus socios. Espero que en esa comisión tengan una posición para dilucidar la verdad y que dejen el maquillaje político».

Rafael Gentili (Proyecto Sur) aludió al artículo 79 de la Constitución: «Los diputados sí tenemos la posibilidad de ser suspendidos en nuestras funciones por procesamiento firme. Los constituyentes no previeron qué se hacía en la Ciudad ante un procesamiento firme que claramente se agrava en este contexto a partir de una jugada de haber hecho renunciar a la vicejefa».

A esa altura, el PRO apeló a todo tipo de interrupciones para bloquear el debate, pero igual siguió Aníbal Ibarra refutando al PRO. «El debate está en qué se hace cuando hay un jefe de Gobierno elegido por voto popular que está procesado en firme por delitos graves en el ejercicio de su función».