Epicentro de la crisis española, Valencia entra en ebullición

Tras los choques con la Policía del lunes, las manifestaciones fueron más numerosas ayer en Valencia y replicaron en otras ciudades. Mariano Rajoy, sometido a protestas a dos meses de haber asumido, pidió mesura.

Madrid - Las protestas de los estudiantes de secundaria en Valencia, España, y la enérgica actuación de la Policía contra ellos desataron ayer más protestas en un país que parece entrar en ebullición. El primer ministro conservador, Mariano Rajoy, se manifestó preocupado por «la imagen» del país en el extranjero.

«Si todos actúan con mesura y sentido común, este tipo de cosas no se volverán a repetir», afirmó Rajoy durante una visita a Londres, donde se reunió con el premier británico, David Cameron.

La oposición, los sindicatos y amplios sectores sociales pidieron ayer explicaciones a las autoridades por la respuesta que las fuerzas de seguridad están dando a las protestas en contra de los recortes en educación en Valencia, cuyo Gobierno está en manos del Partido Popular (PP) de Rajoy. Esa comunidad, epicentro de las denuncias por corrupción del denominado caso Gürtel, es la más endeudada de España y se ha visto forzada a implementar recortes en servicios esenciales.

«Los españoles no podemos dar una imagen de país que no es la que es», subrayó. «Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Pero todo el mundo tiene que entender, porque además la Constitución así también lo dice, que la Policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen unas funciones que cumplir», declaró.

Si bien las manifestaciones surgieron en enero, la medida de fuerza cobró notoriedad el jueves pasado, cuando la detención de un estudiante en una de las marchas provocó más reacciones de protesta, en las que la Policía cargó contra ellos. El viernes hubo diez heridos y la Policía detuvo a seis personas. Y el lunes de esta semana fueron arrestados 26 estudiantes, cinco de ellos menores.

Miles de personas -alumnado, profesores y familias, entre otros- salieron ayer a la calle en Valencia para continuar las protestas y solidarizarse con quienes llevan protagonizándolas desde hace días. En otras ciudades del país como Madrid, Barcelona y Sevilla ya se convocaron concentraciones de apoyo. En la capital, llegó a ser cortada la Gran Vía.

Expresiones como la de un jefe policial, que el lunes calificó a los estudiantes como «enemigos», contribuyeron a calentar el ambiente. En las redes sociales se difunden continuamente imágenes de duras cargas policiales de los días pasados y de las actuaciones de los agentes contra los jóvenes.

Hay estudiantes que sufrieron fracturas, otros que tienen esguinces y en imágenes difundidas por los medios se puede apreciar a algún joven con la cara ensangrentada.

Al respecto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió ayer «excesos de unos y otros», a los que llamó a controlar. «Estoy al lado de la Policía, pero actuaré en consecuencia si ha habido alguna actuación particular excesiva», afirmó en una entrevista con medios locales.

A continuación, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) calificó las palabras de Fernández Díaz como un «acto de cobardía política y personal» y defendió la actuación de los agentes, al asegurar que las órdenes de cargar contra los jóvenes provinieron desde el Gobierno de Valencia y del jefe superior de Policía.

«¡Éstas son nuestras armas!», gritaban ayer los jóvenes de Valencia mostrando libros de texto. «Una sentada por la educación», pedían también mientras se acomodaban en el centro. «El ayuntamiento (municipalidad) se supone que da subvenciones a los colegios, pero ya no están dando. No hay ni agua, ni gas, ni luz. Las fotocopias tenemos que hacerlas nosotros en casa», narró Diego Gutiérrez, un estudiante de 17 años del instituto Lluís Vives, uno de los establecimientos afectados por los recortes, el punto de partida para las manifestaciones. Una de sus compañeras, Leire Albiach, testimonió: «La calefacción está puesta solamente durante las dos primeras horas» de clase.

La corrupción trajo aparejada en Valencia años de desenfreno inmobiliario, construyendo sin mesura, multiplicando infraestructuras a veces exageradas, incluso inútiles, y con un importante desembolso de fondos públicos.

Valencia se enfrenta a una deuda pública de 20.500 millones de euros, un 19,9% de su PBI, el porcentaje más alto de todo el país.

Para enderezar sus cuentas, la comunidad anunció el pasado 5 de enero un aumento de impuestos y recortes en las empresas públicas, la salud y la educación por un valor de 1.100 millones de euros. La respuesta social no se hizo esperar.

Agencias DPA, AFP y EFE, y Ámbito Financiero