Escándalo trabó de nuevo a la Magistratura

Alejandro Sánchez Freytes

 El Consejo de la Magistratura tuvo ayer una jornada incidentada cuando oficialismo y oposición se cruzaron en la Comisión de Disciplina por una serie de expedientes contra jueces. Al momento de discutir el caso del juez penal Axel López (cuestionado por su criterio para resolver excarcelaciones de convictos que reincidieron) un grupo de personas, entre quienes había familiares de victimas de condenados, irrumpió a los gritos contra los jueces cuando éstos decidieron no avanzar en el jury contra el magistrado.

El cuerpo colegiado volvió a brindar de este modo una postal de sus peores carencias que se vio reforzada cuando además de las víctimas de la inseguridad el plenario fue copado por organizaciones de jubilados que también reclamaron contra el oficialismo por el proceso contra el juez de la Seguridad Social Luis Herrero, denunciado por la ANSES por mal desempeño de sus funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social y fue el organismo previsional el que pidió su juicio político ante la Magistratura. La acusación incluye maniobras supuestamente irregulares con dos expedientes, con fallos contrarios al Estado y la interpretación de que el juez actúa con parcialidad y animadversión hacia la ANSES.

Los jubilados que se presentaron en el Consejo llevaban pecheras con la sigla de la CGT.

El plenario de ayer estuvo en duda hasta el último minuto porque la oposición y los jueces pretendían dejar sin quórum al kirchnerismo para blindar al juez federal Claudio Bonadío de una posible multa. Finalmente el único ausente fue el senador radical Mario Cimadevilla, quien previamente se había manifestado a favor de imponer una sanción a Bonadío pero luego la UCR decidió respaldar al juez.

Bonadío es cuestionado por la prescripción de una causa en la que se investigaba una estafa millonaria al Estado. Si bien meses atrás el oficialismo impulsaba un jury, luego desde ese bloque se inclinaron por un apercibimiento.

Ernesto Sanz y Gerardo Morales cerraron filas en el partido en torno al juez que este año procesó a Amado Boudou.

La discusión por el expediente de López fue la previa al escándalo. El juez está acusado de haberle otorgado salidas transitorias a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, y quien dos semanas después de quedar en libertad, mientras trabajaba como remisero, intentó abusar y mató a Tatiana Kolodziey, de 33 años, en la provincia de Chaco. López dispuso la libertad de Cabeza a pesar de un informe de un perito oficial que concluyó que existía la posibilidad que el condenado reincidiera.

El representante del Ejecutivo Julián Álvarez presentó un dictamen para enjuiciar a López pero el juez Ricardo Recondo hizo lo propio con un escrito que propone sólo sancionarlo. A mitad de camino quedó el abogado Daniel Ostropolsky, quien pidió retener el 50% del sueldo de López, y que fue ayer duramente vilipendiado por los familiares de las víctimas, cuya irrupción derivó en la caída del plenario.

Recondo justifica su planteo en la tesis de que no se puede juzgar a un magistrado por el contenido de sus sentencias, posición que fue acompañada por el camarista Mario Fera y por el juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes.