Escuchas: complican más la situación de los policías

Jorge Palacios

Norberto Oyarbide se dio tiempo ayer no sólo para dictar el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en un expediente sobre presunto enriquecimiento ilícito. También complicó más la situación de los policías implicados en el affaire de las escuchas telefónicas ilegales a un familiar de una víctima del atentado a la AMIA y a algunos empresarios. El viernes este juez había dictado un procesamiento de esos policías, entre ellos el ex jefe de la Policía porteña Jorge Palacios, por integrar presuntamente una asociación ilícita, figura que le permite al magistrado tenerlos detenidos hasta que recobren la memoria o la buena voluntad.

Ayer amplió los procesamientos a otro delito, el de presunto fraude a la administración pública. En la sentencia dice que las maniobras produjeron un perjuicio patrimonial al Estado por lo cual también tienen que responder por este delito Palacios, el ex agente Ciro James, y tres policías de Misiones que operaban esas escuchas con intervención de jueces de aquella provincia que todavía no han sido alcanzados por el brazo de la Justicia al estar protegidos por sus fueros. Los policías procesados son Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas y Rubén Alberto Quintana, que habrían participado en la intervención de líneas telefónicas por orden de juzgados de esa provincia.

En su fallo, el magistrado afirmó que «las distintas órdenes de intervención telefónica movieron a error al personal de la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, quienes ante una demanda judicial legal -pero ilegítima-, llevaron a cabo las respectivas conexiones por los canales correspondientes, habilitando de este modo las interceptaciones de las conversaciones de los abonados telefónicos requeridos en las mismas, lo cual ocasionó un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado nacional».

Asimismo, agregó que «los encartados actuaron como numerarios de fuerzas de seguridad, lo que hace suponer no sólo un pleno conocimiento de la ilicitud de la actividad que desarrollaron, sino también que cuentan con una infraestructura tal, que les permite de esa manera llevar adelante maniobras criminales como la investigada en autos, revestida de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas».

En esa línea, Oyarbide afirmó que «se encuentra acreditado que los nombrados han defraudado las arcas de la administración pública nacional», ya que «las conexiones telefónicas realizadas fueron llevadas a cabo utilizando las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia de la Nación».