Fue el empresario Otávio Marques de Azevedo, expresidente de la constructora Andrade Gutierrez -la segunda mayor del país-, quien resumió el negocio en el marco de un acuerdo de colaboración con los investigadores de la operación "Lava Jato".
Las empresas privadas firman contratos inflados con el Gobierno a través de entes estatales y a cambio se comprometen a donar a los partidos que integran la coalición oficialista un porcentaje de esos negocios.
En entrevista con el portal de noticias UOL, el juez del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes admitió que no es una maniobra "inaugurada ahora", pero calificó como "inéditas" la proporción y la "sistematicidad" con la que ahora se lleva a cabo.
La donación electoral "es negociada de forma clara: el dinero se dará de acuerdo con un porcentaje, a título de donación legal, pero es algo previamente combinado. Es realmente grave. Muchos ya han hablado de un lavado de dinero a través de la Justicia Electoral", dijo Mendes, al comentar las declaraciones de Marques, cuyo acuerdo de delación premiada fue validado por el Supremo.
"Es una situación muy seria que obliga a discutir una reforma no solo del sistema de financiación electoral, sino también del sistema político como un todo", agregó.
"Un crimen en teoría perfecto, si no fuera por las confesiones de los corruptores...", señaló la analista política del diario O Estado de Sao Paulo Dora Kramer. "La perfección de la conducta delictiva sistemática reside en la apariencia de legalidad de esas donaciones, registradas en el Tribunal Superior Electoral", apuntó.
El registro de las donaciones en la Corte Electoral es de hecho el argumento que usan los partidos políticos cuando defienden la legalidad de ese dinero, recibido de empresas cuyos dueños y altos ejecutivos están presos, algunos ya condenados, por sus nexos con la trama ilegal de Petrobras. "Sin las delaciones, los investigadores no tendrían cómo determinar si el origen del dinero es lícito o ilícito", concluyó Kramer.
El círculo se cierra a través de la designación para cargos estratégicos en empresas estatales -y Petrobras es el mejor ejemplo de ello- de personas que forman parte de la red ilegal.
Directores de divisiones clave de Petrobras, como Servicios, Negocios Internacionales y Abastecimiento fueron arrestados y cumplen condena por haber sido cómplices de fraudes, y cuentan lo que saben a cambio de reducir sus penas. Desde 2003 y hasta hace pocos días, el Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff ha gobernado el país en sociedad con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.
Ambas fuerzas políticas, junto al derechista Partido Progresista (PP), también aliado del Gobierno hasta el martes, fueron los encargados de colocar al frente de esas reparticiones a personas de su confianza que hicieron posible que funcionara la mafia del "petrolão", que contó además con la ayuda de expertos en lavado de dinero, los llamados "cambistas" en Brasil.
En noviembre del año pasado salieron a la luz los primeros indicios del gran esquema de corrupción, responsable en buena parte por la ruina económica que vive Brasil y que hace dudar si la "década de oro" del gigante sudamericano no fue en realidad una ilusión.
En esa ocasión, el dueño de UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que está preso y colabora con los investigadores, confesó: "Las donaciones políticas son realizadas para que se obtenga una ventaja, sea lícita o ilícita, sea para el partido que sea". Agregó que su empresa duplicó las donaciones en 2014, año electoral, cuando donó 54 millones de reales (unos 15 millones de dólares al cambio actual) como estrategia para "aumentar el volumen de negocios" con el Estado.
Obviamente, el volumen donado no fue solamente al PT y el PMDB. Diputados y senadores de todos los partidos fueron beneficiados puesto que, según explicó, "es de interés de la UTC acompañar e influenciar la agenda legislativa".
| Agencia DPA |
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