Estancieros se arman para frenar avance de mapuches

Jorge Sapag

 Neuquén - Unos 400 propietarios de campos -desde grandes estancieros hasta pequeños minifundistas rurales, pasando por arrendatarios- y vecinos con sus respectivos intendentes a la cabeza -Andrés Méndez y Mauro del Castillo, ambos del gobernante MPN- de las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia, realizaron la noche del viernes una caldeada asamblea para reclamar el freno judicial y político a las tomas de campos por parte de comunidades mapuches. En paralelo a esta demostración de protesta por mejor seguridad jurídica, se presentará hoy ante el Superior Tribunal de Justicia un extenso reclamo de «Petición Garantías» que firman los conocidos abogados Jorge Vanossi, Juan Carlos Cassagne y Carlos Sánchez Herrera, donde solicitan una mayor acción del Estado provincial para defender la propiedad privada y otras garantías constitucionales. También cuestionaron la presunta liviandad con que desde el Poder Judicial se actúa frente a estas causas y la demora de los jueces en dictar sentencias. Un juzgado zapaleño aún demora un fallo por la ocupación de una hostería en Pulmarí del ciudadano ítalo-suizo Domenico Pancciotto, que en su momento originó un enérgico reclamo de la Cancillería de la Confederación Helvética.

«Asistimos azorados ante la evolución que van tomando los acontecimientos y la dimensión nacional que ha adquirido el problema, sin entenderse que la garantía del derecho a la propiedad consagrada en la Primera Parte de la Constitución Nacional nunca fue materia de reforma alguna, y en consecuencia, no fue nunca afectada por el legislador al dictar la Ley 26.160, tal como reveladoramente resulta de la discusión parlamentaria, en especial la aclaración terminante de uno de los miembros informantes del entonces proyecto de ley», señala el escrito de Vanossi, Cassagne y Sánchez Herrera, que se hará llegar hoy a la Corte provincial que preside Oscar Massei, ex diputado del Frente para la Victoria y ex secretario de Medio Ambiente del Gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, este juez acaba de ser contundente sobre su posición doctrinaria al considerar los cortes de rutas, de manera generalizada, como un delito, y recomendó actuar a la Policía ante esas violaciones del Código Penal.

Contramarcha

En respuesta a esta acción defensiva de los estancieros y pobladores de las mencionadas poblaciones de la cordillera neuquina, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, donde se han vivido episodios de violencia, el mismo día tuvo lugar en la capital neuquina una contramanifestación de la Confederación Mapuche Neuquina acompañada de partidos y organizaciones de izquierda para criticar al Gobierno de Jorge Sapag. El dirigente Kuruf Nahuel del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que depende del Ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner, se quejó de esta acción de los estancieros y pobladores al denunciar que «nos están apaleando en nuestra propia tierra. Somos los más pobres entre los pobres en una tierra rica y nos corren a palos, pero estamos más unidos que nunca». Nahuel estaba acompañado por Sandra Rodríguez, viuda del docente Carlos Fuentealba, partidos y organizaciones de izquierda y de derechos humanos. «Creo que ahora se sacaron la careta», dijo Lautaro Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche Neu

El problema que se repite cada vez con mayor virulencia comenzó hace unas semanas, cuando miembros de la Agrupación Currumil, en las cercanías de Quillen, donde tienen campos familias como Lagos Mármol -cercanas a otras propiedades de nombres conocidos como Roemmers, Lusich e Hiriart- ocuparon propiedades de la familia Ochoa y fueron reprimidos por la Policía provincial. Pero pese a esa acción del Ejecutivo provincial, la presentación judicial de los abogados se queja de la inacción de este organismo y del sistema judicial del Estado neuquino. Carlos Natalio -hermano del gobernador- que administra campos de la familia en Zapala y en la región de Aluminé, acusó a los dirigentes mapuches de estar presuntamente vinculados con extremistas de la ETA española y las FARC colombiana que «estarían (supuestamente) operando en el sur chileno, donde en la pequeña población de Ercilla, al otro lado de la cordillera de los Andes, se produjeron graves hechos de violencia por estas tomas de tierras. En la nota de interpretación del escrito judicial que firmaron las 400 personas se denuncia que estas usurpaciones de propiedades en la provincia del Neuquén son consumadas por activistas locales e internacionales que se arrogan la representación de comunidades indígenas, y afectan indiscriminadamente propiedades públicas y privadas, rurales y urbanas. A imitación del Lof Temuko (cacique de la Ciudad de Temuco, Chile), han inventado comunidades o lof urbanos, como el de Neuquén del señor Wancucheo, quien, en su momento, pretendió tierras en la capital provincial».

Los denunciantes hicieron circular por internet fotos de camionetas de Parques Nacionales, supuestamente acompañando las tomas mapuches, ya que el paisaje no identifica el lugar donde operaron los Currumil. En la zona también tienen tierras otras agrupaciones indígenas, como los Puel, que explotan el Parque de Nieve Batea Mahuida, que se levanta al pie del volcán del mismo nombre en Villa Pehuenia. Sin embargo, esta agrupación mantiene buenas relaciones con el Gobierno municipal y los pobladores no aborígenes del lugar. Otro punto de conflicto es la base del cerro Chapelco -del centro de esquí más importante de la provincia, concesionado al Grupo Adrogué- en San Martín de los Andes, donde la rama Curruhuinca reclama la mismas concesiones que sus pares los Vera por parte del Gobierno provincial, aunque su cacique, Ariel Epulef, acaba de firmar un pacto de no agresión para evitar que se interrumpa la escuálida temporada invernal pronta a finalizar.

Por estos acuerdos con la intendente Luz Sapag y el gobernador Sapag, Epulef está enfrentado a la Confederación Mapuche Neuquina.