Ferreyra II: frenada por planteos de exjuez

Las indagatorias por la pesquisa en la que se investiga el supuesto tráfico de influencias para favorecer a los acusados en el crimen del activista del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, quedaron empantanadas en un laberinto judicial con destino incierto. En diciembre pasado, el exjuez y abogado Octavio Aráoz de Lamadrid debía presentarse a declarar junto a otros imputados por estos hechos, pero las citaciones fueron suspendidas sin nueva fecha porque el letrado recusó al magistrado Luis Rodríguez y al fiscal Sandro Abraldes, a cargo del caso. Casi tres meses después de esta postergación y varios planteos de Aráoz de Lamadrid mediante, la causa sigue paralizada y sin vistas de reactivarse.

Si bien la recusación contra Rodríguez fue rechazada días después de que el abogado la presentara en diciembre pasado, el planteo comenzó a trabarse porque Aráoz de Lamadrid también recusó a todos los integrantes de la Sala VI de la Cámara del Crimen, encargada de analizarla. Esta objeción fue remitida a la Sala VII, que la rechazó en febrero pasado. Sin embargo, los camaristas de la Sala VI no pudieron empezar a evaluar la recusación contra Rodríguez porque el exjuez federal e imputado en el caso apeló nuevamente la decisión de la Sala VII ante la Cámara Nacional de Casación, que todavía no se pronunció sobre el planteo.

Así, su propia indagatoria y la de todos los imputados en la causa por supuesto tráfico de influencias quedaron postergadas indefinidamente. Incluso si Casación rechaza la apelación de Aráoz de Lamadrid, la Sala VI todavía tiene que pronunciarse sobre la recusación de Rodríguez -decisión que también puede ser apelada ante un tribunal superior-, así como está pendiente la misma objeción respecto de Abraldes.

Perspectiva

Por otro lado, es probable que todo este planteo finalmente sea declarado abstracto ya que Rodríguez quedó cuarto en el orden de mérito del concurso 140 para designar cuatro jueces en el fuero Criminal y Correccional y, por lo tanto, podría dejar su puesto en el fuero Correccional. Él fue también uno de los magistrados investigados por supuestas irregularidades en el examen escrito, causa que fue desestimada por falta de pruebas.

Estas recusaciones no fueron las únicas objeciones que interpuso el abogado respecto de su imputación: también denunció penalmente a quienes están a cargo de la causa y cuestionó que el caso era competencia del fuero federal (donde él se desempeñó como juez subrogante hasta diciembre de 2009). Este último planteo recayó sobre el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, pero en vista de lo avanzado de la pesquisa en el fuero correccional es probable que rechace su competencia en la causa.

A un año de comenzar a investigarse el caso, las indagatorias no tienen un buen panorama. Los imputados en la causa, además de Aráoz de Lamadrid -defensor de Armando Uño en la pesquisa por el asesinato de Ferreyra-, son el secretario de Casación Luis Ameghino Escobar (h), el contador de la Unión Ferroviaria, Ángel Stafforini; y el agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Juan José Riquelme. Las citaciones fueron definidas por Rodríguez meses después de que las requiriera Abraldes.

La investigación por supuesto tráfico de influencias generó una fuerte polémica en su momento, ya que se realizaron escuchas que podrían complicar a un integrante de la Cámara de Casación y a otros dos que entonces también eran parte del tribunal: Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y el subrogante Mariano González Palazzo. Si bien ninguno de ellos fue imputado en la causa, el escándalo que produjeron las escuchas, en las que supuestamente se les ofrece dinero para favorecer a los imputados por el asesinato de Ferreyra, derivó en un debate interno en la cámara y, según señalan en los pasillos de Comodoro Py, fue una de las razones que influyeron en la renuncia de Mitchell y en la salida de González Palazzo del tribunal.