Firma no llega

Comienzan a aparecer los primeros efectos colaterales de la decisión del Gobierno de dilatar la firma que la Corte Suprema requiera para reasignar su propio presupuesto y otorgar un aumento del 10% a todos los empleados del Poder Judicial.

Ayer se organizó una asamblea en la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py que corrió por cuenta del gremio de los empleados que conduce Julio Piumato, cercano a la CGT opositora de Hugo Moyano y de habitual buena relación con la Corte.

Hace ya más de un mes que el máximo tribunal elevó el pedido de reasignación de partidas a la oficina de Juan Manuel Abal Medina. Todavía ni siquiera hay, desde el Gobierno, una fecha tentativa para acceder a la petición.

Si bien se trata de fondos del Poder Judicial, se requiere la firma del jefe de Gabinete para no incurrir en el delito de malversación de caudales. La semana pasada la Corte también giró a Balcarce 50 el presupuesto del Poder Judicial para 2014.