Fiscal imputó a Macri y Aguad por el caso del Correo-Gate

Juan Pedro Zoni imputó también al director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, y le pidió medidas al juez Lijo.

Imputados. El presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

El Correo-Gate tuvo su primer capítulo en la Justicia penal que derivó en la imputación formal contra el presidente Mauricio Macri en la causa que investigará si se cometieron delitos en la firma del acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA, que fue denunciado por una fiscal de la Cámara Comercial como "abusivo" para las arcas públicas. El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó además al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, el funcionario que suscribió la quita que beneficiaba al Grupo SOCMA en el litigio por la deuda que arrastra por el incumplimiento de las condiciones en su privatización. El funcionario del Ministerio Público Fiscal le solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas -incluyendo allanamientos- y que decrete el secreto de sumario.

Dos de las cinco denuncias penales que fueron interpuestas en los tribunales de Comodoro Py, apenas conocido el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que señaló irregularidades en todo el proceso del concurso, recayeron bajo la órbita de Lijo y dieron su primer paso con el requerimiento de Zoni. Tras citar varios tramos de los dictámenes de Boquín que resaltaron el irregular procedimiento para el acuerdo, el fiscal advirtió que "se deberán verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores -funcionarios públicos o particulares- que intervinieron de forma directas o indirecta, a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada". Sin encuadrarlo en algún delito, se retomó que las denuncias eran por posible defraudación contra la administración pública.

En su dictamen el fiscal advirtió que correspondía investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado nacional en el marco del trámite de concurso mediante el cual se prestó conformidad "a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio", en referencia a Mocoroa. La Justicia exigió tener en su poder todas las actuaciones internas del ministerio de Aguad en el proceso.

Acreedores

"No debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificación del crédito por parte del Estado, la manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores quirografarios, la recategorización extemporánea y la reapertura del período de exclusividad cuando ya llevaba tres años y medios de vencido", aseguró Zoni. Pero fue más allá y apuntó la eventual responsabilidad del mandatario en lo que sería el beneficio final de la operación a favor de SOCMA. "Dicho funcionario -Dr. Mocoroa- desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél", señaló Zoni en el dictamen presentado ayer ante Lijo. El objetivo de la causa que se convierte en un dolor de cabeza para el Ejecutivo será "corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal tramitado".

Pero existen otras tres denuncias que podrían unificarse también bajo este expediente. Fueron formuladas por un abogado y por dirigentes del kirchnerismo y (por ahora) están en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. La restante la formuló la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez y se encuentra radicada ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Esta última fue por la responsabilidad de funcionarios públicos en el trámite del concurso.

Nada hace presagiar que la homologación del cuestionado acuerdo ante la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial tenga un trámite acelerado. Las juezas avanzarán en el análisis de los dictámenes de Boquín y recién entonces se expedirán. El Gobierno podría llegar a recibir un nuevo revés si el acuerdo es rechazado y se avala la postura de Boquín. El revés jurídico de Zoni coincidió con el revés político que recibió también el Gobierno con la negativa de la Auditoría General de la Nación a participar de una evaluación de todo el trámite concursal entre el Estado y Correo Argentino.