Fiscal pide archivar causa contra Righi

Esteban Righi

Las denuncias de Amado Boudou contra Esteban Righi por presunto tráfico de influencias dieron un paso atrás con el pedido de un fiscal de sobreseer a los abogados del estudio del exprocurador de la Nación. El planteo alcanzó también al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y al número uno de la empresa Boldt, Antonio Tabanelli, también acusados por el vicepresidente. Se trata de la imputación que derivó en la renuncia de Righi.

El fiscal federal Jorge Di Lello le pidió ayer al juez Ariel Lijo el sobreseimiento de los abogados Ana María García (esposa de Righi), María José Labat (mujer del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro) y Fabián Musso (miembro del estudio jurídico del exprocurador), así como de Gabbi y de Tabanelli. El vicepresidente había denunciado públicamente que los imputados lo habían visitado para ofrecerles sus servicios jurídicos (en el caso de los abogados) y de este modo, supuestamente, facilitar su tránsito por la función pública, y respecto de Gabbi, que le habría sugerido un pago para favorecer a Boldt, la firma de Tabanelli.

«Al no haberse podido acreditar los extremos de la denuncia, es decir, que durante el desarrollo de las audiencias se hubiere dado, ofrecido o prometido algún tipo de dádiva al denunciante, ni mucho menos tampoco que se le hubiere insinuado o formulado a éste algún tipo de sugerencia con relación a presuntas relaciones o influencias que le evitarían problemas con la Justicia, resulta evidente que corresponde a esta altura del proceso dar un corte definitivo a la investigación, en la tesitura de que ningún hecho de características delictivas ha podido ser verificado, pese a la labor pesquisitiva encarada», señala el pronunciamiento de Di Lello.

El fiscal detalló los resultados de las declaraciones que se tomaron a partir de abril, una vez asentada la denuncia de Boudou en la Justicia federal, y que de ellas surgió como única «verdad incontrastable el hecho» de que los encuentros con los imputados se produjeron. El vicepresidente habló de los encuentros poco después de que tomara estado público la causa Ciccone y sostuvo que, en el caso de los abogados, se produjeron entre 2009 y 2010, y en el de Gabbi, en 2011.

El fiscal sostuvo, además, que el propio Boudou admitió que en las reuniones «no hubo ofrecimiento o promesa de dinero alguno, ni tampoco siquiera se pactó la entrega de dádiva alguna» que pudiera configurar un delito. El pedido de Di Lello deberá ser analizado por el juez Lijo, que además investiga al vicepresidente por presunto enriquecimiento ilícito y también supuesto tráfico de influencias respecto de los beneficios que le fueron otorgados a la ex Ciccone para el refinanciamiento de sus deudas.

Righi, que en su desempeño como procurador fue jefe de Di Lello, compartió ayer con el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni un congreso sobre Derecho Penal. Apenas renunció a su cargo, su sucesor interino, Luis González Warcalde, formó un equipo para investigar la gestión de Righi.