Fiscal pone la mira en obras porteñas de Bonafini-Schoklender

La Justicia analiza si también hubo pagos irregulares en el contrato de obras entre la fundación Madres de Plaza de Mayo y la Corporación Buenos Aires Sur en el barrio Los Piletones, de Villa Soldati. Se trata de una de las líneas de investigación contempladas en la causa contra Sergio Schoklender, que instruye el juez federal Norberto Oyarbide. El fiscal Jorge Di Lello pidió establecer el grado de presunta responsabilidad de Schoklender y del expresidente de la Corporación, Enrique Rodríguez.

Las sospechas están contempladas en la ampliación del requerimiento de instrucción que presentó Di Lello en junio pasado, y que los abogados defensores de Sergio y Pablo Schoklender obtuvieron esta semana. El funcionario tomó a su vez la ampliación de una denuncia presentada por dos diputadas de la Coalición Cívica que dieron cuenta de una serie de desembolsos presuntamente irregulares por obras que no tenían el avance pautado en el contrato.

La denuncia se refiere a la licitación que ganó Madres de Plaza de Mayo en enero de 2007 «para la urbanización de un área del barrio Los Piletones» que incluía «capacitación, entrenamiento, generación de nuevos empleos, construcción de 600 viviendas, apertura de calles, infraestructura y planta de tratamiento de líquidos cloacales». El presupuesto original era de 32 millones de pesos y la licitación fue ganada por la fundación de Hebe de Bonafini, que había ofrecido realizarla por 32.070.320 pesos.

Entre los señalamientos del fiscal figura que la obra mereció un recálculo presupuestario que elevó el monto del contrato a 35.517.541 pesos, tres millones y medio más que el cálculo inicial. Y hace foco en los adelantos aportados a las Madres sin una contrapartida en cuanto al avance que debían tener las obras para percibir los desembolsos.

De acuerdo con el fiscal, en febrero de 2007, un mes después de la adjudicación de las obras, «el contratista no había presentado ni exhibido el listado de personal ni el certificado de cobertura de ART», y sin embargo «ese mismo día, la Fundación Madres de Plaza de Mayo solicitó $ 8.000.000 a los efectos de acopiar materiales». La Corporación aprobó el pago «fuera de marco legal alguno, duplicando en la práctica el anticipo financiero establecido en los pliegos que rigen la licitación de referencia». En abril, la entidad del Gobierno porteño, que entonces encabezaba Jorge Telerman, aprobó un segundo pago por el mismo concepto por 7.987.640 pesos.

Di Lello detalla, además, que hubo pagos contra la presentación de certificados de avance de obra cuando «se encontraba vencido el plazo fijado para la entrega de las (primeras) 150 viviendas en condiciones habitables, sin que esto hubiera ocurrido». «En todo este contexto se cuestionan los adelantos financieros realizados en favor de la Fundación sin causa explicada alguna y omitiéndose realizar la retención del fondo de garantía» que rige la actividad de la construcción, añade la presentación del fiscal.

En paralelo, menciona la firma el 28 de febrero de 2007 entre la Corporación Sur y las Madres de un consorcio de cooperación para «facilitar, desarrollar, incrementar y concretar los objetivos de cada una de las partes respecto del desarrollo, implementación y facilitación de planes sociales relativos a la vivienda, privilegiando a aquellos sectores que padecen marginación, carencia, etc., teniendo en mira la urbanización de villas de emergencia, barrios marginales o carenciados y asentamientos».

Sobre esta información, Di Lello le pidió a Oyarbide ampliar la investigación respecto de Sergio Schoklender, exapoderado de Madres, y de Enrique Rodríguez, de quien señala que además de encabezar la Corporación Sur «formaría parte de la empresa Construcciones Calificadas y Docamer SRL». Como informó este diario, la semana pasada Oyarbide allanó oficinas de Construcciones Calificadas, que además de Rodríguez contó como accionistas a Manuel Camet, un exfuncionario del Ministerio de la Producción en la gestión de Telerman; Hugo Gallardo, exapoderado de Madres, y Patricia Alonso, señalada como mano derecha de Sergio Schoklender. Enrique Rodríguez no quiso contestar ayer las consultas de este diario.

Oyarbide extendió este lunes el secreto de sumario por cuarta vez consecutiva, por diez días más. Con la veda informativa todavía vigente, los abogados de las partes mantienen una disputa: Adrián Tenca, letrado de Schoklender, impugnó el nombramiento de Eduardo Fachal como querellante por Madres, por entender que al mismo tiempo ejerce como funcionario en la Defensoría del Pueblo porteño. Fachal contestó esta semana la impugnación con el argumento de que las incompatibilidades sólo alcanzan a la titular de la Defensoría, Alicia Pierini.