Forcejeos y recelos traban los intentos de ampliación

El canciller, Héctor Timerman; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; y la ministra de Industria, Débora Giorgi, en una de las negociaciones sin fin que incluyó ayer la cumbre del Mercosur.

«¿Y por qué mejor no hacemos uno solo?».

Rió José Pepe Mujica y contagió a los demás presidentes. El relator de la cumbre acababa de anunciar la creación de dos grupos para analizar y discutir, por separado, cada uno con un pelotón de funcionarios y burócratas, la inclusión al Mercosur de Venezuela y Ecuador.

Austero y pragmático, el uruguayo observó lo obvio: a pesar de las visibles diferencias de los expedientes de los dos países que pretenden sumarse al bloque, dio a entender que segmentar los casos podría, en vez de facilitar y acelerar el proceso, hacerlo más intrincado.

La ironía de Mujica es sintomática por otra razón. Fue quien, como presidente pro témpore, con más ímpetu promovió que se avance en la inclusión plena de Venezuela. Gestionó ante Fernando Lugo y promovió buscar alternativas para sortear el impedimento mayor: la resistencia de la oposición paraguaya que controla el Senado de ese país.

Hubo, anteriormente, gestiones reservadísimas de Lula da Silva para gambetear esa negativa. Se habló, aunque nunca se confirmó oficialmente, que el expresidente de Brasil medió entre Hugo Chávez -que ayer estuvo en Montevideo para defender el pedido de su Gobierno- y el expresidente de Paraguay Lino Oviedo en busca de un acuerdo.

Tampoco alcanzó. Por eso, Mujica en la previa de la cumbre de Montevideo planteó que se encuentren mecanismos alternativos. El mandatario de Uruguay reforzó, de ese modo, su alianza con Asunción, con la que suele compartir demandas en la «interna» del Mercosur.

Por lo pronto, el reglamento del Mercosur impone una regla de oro: los parlamentos de todos los países miembros deben avalar el ingreso de otro país.

Los de la Argentina, Brasil y Uruguay lo hicieron. Paraguay todavía no. Y con Lugo en una previa electoral no se proyectan cambios al respecto. Existió, además, un convencimiento extra: no pedirle al presidente paraguayo que resuelva por encima de su Senado porque eso podría someterlo a una crisis interna.

Se rumoreó, incluso, que podría detonar un juicio político.

El otro caso es el de Ecuador. Rafael Correa viajó especialmente a Uruguay para pedir la incorporación de su país al Mercosur. Ese expediente tiene una particularidad: a diferencia de Venezuela, Ecuador todavía integra la Comunidad Andina.

Y el protocolo del Mercosur establece otra barrera: no se puede pertenecer a dos bloques en simultáneo. Correa encaró ese asunto y lo explicó desde el concepto integracionista: citó la reciente creación de la CELAC -una OEA sin EE.UU. ni Canadá, pero con Cuba- y de la Unasur como antecedentes de la integración continental.

El ecuatoriano jugó, también, con la ironía: tenemos siglos de atraso (en la integración), dijo, y pidió no sólo acelerar la integración, sino hacerlo a una celeridad que permita «recuperar el tiempo perdido».

A cargo del Mercosur durante el próximo semestre, Cristina de Kirchner deberá encarrilar las dos demandas y buscar, además, otro equilibrio: la discusión permanente intra Mercosur por las licencias no automáticas, objetadas en particular por Uruguay y respaldadas por Paraguay.

El tema no es pequeño. Los socios menores del bloque hicieron fuertes objeciones a la propuesta de la Argentina y Brasil para ampliar el Arancel Externo Común (AEC) como parte de un blindaje anticrisis, para evitar el ingreso de productos ante la baja de demanda de los «países centrales».

Uruguay y Paraguay argumentaron que cerrar las importaciones genéricamente podría beneficiar a los mayores productores del bloque, la Argentina y Brasil, pero tener costos para los socios menores: el encarecimiento de productos que antes compraban en intrazona podría afectar sus economías.

Al final se acordó una suba sectorial, por dos años, y que entrará en una etapa de discusión puntual porque cada país seleccionará 100 posiciones arancelarias para que se les aplique el AEC con incremento adicional.

Pero es una solución todavía abstracta: en adelante, los negociadores de cada Gobierno tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué posiciones serán alcanzadas por el AEC con plus, y en ese trámite podrán apelar u objetar lo que propongan los demás miembros. Esa discusión será, quizá, más ardua que la que prologó la votación de anoche.