Frenó la Justicia instalación de cámaras en colegios porteños

La Justicia porteña dispuso que se suspenda la instalación de las cámaras de seguridad del interior de las escuelas porteñas, informaron ayer dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

El secretario general de UTE-CTERA, Eduardo López, informó en conferencia de prensa que «la jueza en lo contencioso administrativo porteño, Elena Liberatori, dispuso la suspensión de las cámaras de audio y video» en escuelas porteñas.

López explicó que «el jefe de Gobierno de la Ciudad (Mauricio Macri) ha decidido instalar cámaras de audio y video en 90 escuelas (17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas), según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la Ciudad».

Al respecto, se expresó ayer el legislador Francisco «Tito» Nenna, quien calificó a las cámaras como un «dispositivo de control». «El macrismo quiere un nuevo dispositivo de control para garantizar la seguridad sin contemplar derechos y libertades de la comunidad educativa», expresó el dirigente de la CTA.

López agregó que «justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son escuelas en las que se reclamó más presupuesto educativo, reformas edilicias y escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos», agregó. Un vocero del Ministerio de Seguridad del Gobierno porteño desmintió ayer que «se haya previsto colocar cámaras de seguridad en el interior de las escuelas. Adentro de los edificios sólo van alarmas y sensores de humo».

«La resolución judicial de la que el Gobierno no fue aún notificado oficialmente explica que las cámaras están previstas para ser usadas en las cercanías del perímetro de los edificios educativos», dijo la fuente del Gobierno porteño. Además, aseguró «en las ciudades más importantes del mundo se toman ese tipo de medidas para prevenir hechos de inseguridad, accidentes o siniestros, como incendios».

«La medida responde a un concepto preventivo y amplio de la seguridad», dijo el vocero de la cartera porteña, quien sostuvo que la suspensión recayó sólo en las dos escuelas a las que concurren las hijas de quienes pidieron el amparo». Y añadió que las 90 escuelas que se mencionan no fueron seleccionadas para la colocación de cámaras sobre la base de un criterio determinado, sino que obedece a «un trabajo en etapas».

Desde la UTE, insisten en que «no van a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de los alumnos». La jueza tomó la decisión ante el amparo presentado por la UTE, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de las escuelas involucradas.

Asimismo, los representantes gremiales convocaron a «todos los padres cuyas escuelas tienen cámaras a preservar la privacidad de sus hijos, y a firmar la presentación judicial para extender al resto de los establecimientos esta medida».