Gallardo convocó a audiencia Nación-Ciudad, pero Larreta lo recusó y amenaza con no asistir

A las 9 citó a una reunión entre Ministerios de Seguridad de ambas jurisdicciones para llegar a un acuerdo. A última hora, el Gobierno porteño insistió en apartarlo alegando supuesta falta de imparcialidad y que se “excedió”, y dejó trascender que no concurrirá. Aníbal Fernández tampoco aseguró presencia. Enésimo capítulo del enfrentamiento del macrismo con el magistrado.

Roberto Andrés Gallardo

Los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; fueron convocados para hoy a una audiencia por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo en la causa en la que ordenó retirar el vallado y la custodia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de la casa de la vicepresidenta Cristina de Kirchner. La audiencia se llevará a cabo a las 9 en la sala de audiencias número 8 del edificio ubicado en Suipacha 150 de esta capital. Pero la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció que pegaría el faltazo a esa reunión, restándole autoridad al magistrado, un enemigo recurrente al que el macrismo ha intentado de cualquier forma desplazar de su cargo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, formuló en la tarde de ayer una recusación contra el juez Gallardo pero no será evaluada hasta hoy a las 9, dado que el planteo ingresó por vía remota cerca de las 18, fuera del horario judicial, se informó desde tribunales. Fuentes judiciales aseguraron que la recusación planteada por el gobierno porteño no tendrá efectos sobre la audiencia convocada por lo que desde el juzgado se esperaba la asistencia del ministro de Seguridad porteño. El escenario está abierto y la Ciudad apunta a no respetar la decisión del magistrado. Pero por otra parte, tampoco es segura la concurrencia de Nación. Anoche, el ministro Fernández relativizó la convocatoria en declaraciones radiales. “No se si voy a ir a la reunión que convocó el juez Gallardo. Nosotros ya tomamos la decisión y ampliamos la custodia de la vicepresidenta”, aseguró.

“Se requiere a las partes, demás personas citadas y prensa, que presten debida observancia a tal antelación temporaria, en razón de la capacidad limitada de la Sala de Audiencias, así como para evitar dilaciones innecesarias en el acto”, solicitaron desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un comunicado.

La audiencia fue dispuesta por el juez Gallardo al hacer lugar a una acción de amparo que pedía sacar el vallado colocado en torno al edificio donde vive la vicepresidenta y terminar con la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad de las inmediaciones del departamento.

El objetivo de la audiencia es escuchar las posiciones que tiene para expresar el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño en relación a su actuación y a las medidas dispuestas y también dar lugar a que se exprese la cartera de Seguridad Nacional dado que la custodia de la vicepresidenta depende de las fuerzas federales. También aparecen convocadas las legisladoras K Ofelia Fernández, Claudia Neira y Paula Penacca que presentaron amparos.

Gallardo ordenó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “cese en forma inmediata” la “ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”.

Lo hizo en relación a la decisión del Gobierno de CABA de colocar vallados y custodia de la policía ante las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta, a raíz de la acusación en su contra en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

El juez resolvió ante acciones de amparo presentadas por el dirigente Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.

Gallardo ratificó que en base al régimen legal vigente, “la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.

Además dejó establecido que “la fuerza federal encargada de la custodia presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”.

El magistrado porteño comunicó a D’Alessandro que la Policía de la Ciudad “deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.

Recusación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó al juez Gallardo por supuesta falta de imparcialidad, luego de que el magistrado ordenara el cese de “cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio” de la vicepresidenta. El abogado Ricardo Scordo, apoderado del Gobierno porteño, sostuvo en la recusación a Gallardo que el magistrado actuó con “falta de imparcialidad” y que “ha ordenado una serie de medidas judiciales que ninguna de las partes ha solicitado y que nada aportan al planteo efectuado por la parte actora, excediendo el objeto procesal de las presente actuaciones judiciales”.

“Como acostumbra suceder en las causas que tramitan ante ese Tribunal, el Magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte”, sostuvo el abogado de la Ciudad en la presentación a la que accedió la agencia Télam.

El Gobierno porteño acusó al juez Gallardo de haber ordenado que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño “abandone las funciones de seguridad en el área geográfica de las calles Uruguay y Juncal y aledaños conforme lo determine las fuerzas de seguridad federal”, a pesar de que la resolución del magistrado incluía párrafos específicos en los que indicaba que nada de eso se estaba ordenando.

“Con su accionar, el sentenciante ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, permitiendo traer a discusión cuestiones que son absolutamente improcedentes y no fueron planteadas oportunamente por las partes”, señaló el gobierno porteño en el escrito presentado esta tarde.

Para las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Gallardo habría dispuesto medidas que exceden los planteos formulados en los distintos recursos de amparo presentados después de que le policía porteña instalara un vallado en las inmediaciones del edificio del a vicepresidenta de la Nación.

Sin embargo, la cuestión referida a la custodia vicepresidencial fue introducida en el amparo presentado por la legisladora porteña Ofelia Fernández, cuando sostuvo que “no caben dudas de que la Policía de la Ciudad debe cuidar a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en tanto habitante de esta ciudad, pero tampoco caben dudas respecto de que su seguridad, en tanto Vicepresidenta en funciones reviste materia federal”.