La iniciativa choca con la idea de “no conflicto” y con las concesiones el oficialismo hizo sobre exenciones que continuarán vigentes.
Planteo. El proyecto de la UCR sobre Ganancias para toda la Justicia.
Con el objetivo de "rodearle la manza" a la Justicia, y pese a que choca con la idea de no confrontación que pidió el Ejecutivo para las negociaciones del Presupuesto 2019, diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto para que el Ejecutivo incluya en el rubro de Ganancias de la denominada "ley de leyes" a todos "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos".
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"Nos encontramos en la actualidad con una notoria disparidad en cuanto a la carga fiscal de los ciudadanos reflejada en que parte de los funcionarios, magistrados y empleados señalados no tributan Impuesto a las Ganancias sobre las rentas obtenidas por el trabajo personal, como sí lo hacen los demás trabajadores contenidos en la cuarta categoría de la ley en análisis", señalaron los diputados los fundamentos de la iniciativa.
Los legisladores radicales además explicaron que esa "parte" de la Justicia que no tributa quedó plasmada en "la Ley 27.346 sancionada en el mes de diciembre del año 2016", que establece que "aquellos cuyo nombramiento estuviese vigente a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, se encuentran obligados a tributar" Ganancias.
"Esto acarrea una doble violación a principios constitucionales fundamentales como lo son el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual tarea", aclararon los legisladores en el proyecto.
Además, los radicales dejaron claro que "en una sociedad democrática es inimaginable sostener, cuanto menos, que una persona que ocupa el mismo cargo con iguales funciones, carga horaria y tareas que otra, cobre más por el simple hecho de haber sido designada con anterioridad o posterioridad a una fecha determinada".
Desde la UCR destacaron "la disparidad social y de distribución de recursos que provoca que un simple trabajador en relación de dependencia está obligado a tributar este impuesto y algunos funcionarios y magistrados, cuyos salarios superan ampliamente al de los primeros, por el solo hecho de pertenecer a uno de los poderes del Estado, no lo están".
Según indicó el centenario partido y sobre la base de datos presupuestarios, "la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales el 0,06% del Producto Bruto Interno". En esa línea, detallaron: "En 2016 fue de $4.607 millones; en 2017, $5.759 millones; y en 2018, $6.911 millones".
Antes de iniciarse el debate del Presupuesto 2019 en Diputados, jerarcas radicales confiaron a Ámbito Financiero: "Estamos sacando muchas exenciones para empleados públicos y privados para armonizar las diferencias que se daban en varias provincias con respecto a este tema. Lo que tenemos que lograr es convencer a los gobernadores y a las fuerzas del Congreso a sacar una petición así terminamos de 'rodearle la manzana' a la Justicia. Tarde o temprano, se hará realidad esta cuestión".
Sin embargo, durante las negociaciones con la oposición, Cambiemos aceptó no quitar excenciones varias, lo cual choca ahora con la pretensión de querer gravar a la Justicia a días de votarse la ley. Más allá de la iniciativa, el verdadero sendero de discusión está en la propia Corte: anteayer, Gabriel Morini anticipó en Ámbito Financiero que el máximo Tribunal "pidió" tratar el expediente sobre una medida cautelar que había extendido el beneficio a magistrados y funcionarios para continuar eximidos, más allá de los términos de la ley votada por el Congreso que marcó una bisagra a partir de 2017.
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