9 de febrero 2012 - 00:00

Garzón, a sentencia: “Mi conciencia está tranquila”

El juez Baltasar Garzón llega al edificio del Tribunal Supremo, en Madrid. Un centenar de personas manifestó a su favor.
El juez Baltasar Garzón llega al edificio del Tribunal Supremo, en Madrid. Un centenar de personas manifestó a su favor.
Madrid - «El tribunal del hombre es su conciencia. La mía está tranquila». Citando al filósofo Immanuel Kant, Baltasar Garzón hizo uso de su derecho a la última palabra para reiterar su inocencia en el juicio entablado por haber investigado los crímenes del franquismo, que ayer quedó próximo a sentencia. En el marco de duras críticas a la Justicia española de organismos de derechos humanos e internacionales, el fiscal del caso consideró «patético» el proceso en contraste con el expediente sobre el franquismo abierto en la Argentina.

«Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho: investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales», aseguró ante el tribunal. Afuera, un centenar de personas volvía a reunirse en apoyo al juez, con claveles rojos en homenaje a las víctimas del franquismo y coreando lemas como «Basta ya de tanta impunidad».

A sus 56 años, el juez que se hizo famoso mundialmente por lograr el arresto de Augusto Pinochet en Londres y por haber enjuiciado a represores argentinos, fue acusado por supuesto prevaricato (fallar a sabiendas contrario a derecho). En concreto, la demanda de dos organizaciones de ultraderecha es por presuntamente haber ignorado intencionalmente la Ley de Amnistía de 1977, cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975).

En esa investigación desde su juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el mismo en el que hace casi dos años quedó suspendido en espera de este juicio, Garzón acusó de crímenes de lesa humanidad al dictador Francisco Franco y a 34 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos.

El magistrado se enfrenta ahora al posible final de sus más de 30 años de carrera judicial, y no sólo en este juicio: está también en espera de sentencia en otro en el que fue juzgado en enero por prevaricato por las escuchas que ordenó a presos y abogados en el marco del «caso Gürtel», la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. Además, dentro de poco se anunciará probablemente la fecha de un tercer proceso, éste por unos supuestos pagos recibidos de entidades financieras por cursos que impartió en Nueva York, a una de las cuales, el Banco Santander, habría beneficiado luego en una sentencia.

La acusación popular en el proceso por su investigación del franquismo -el grupo autodenominado Manos Limpias, una organización de extrema derecha que no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España, y la asociación Libertad e Identidad- reafirmó su petición de pena máxima por prevaricación: 20 años de inhabilitación.

«Garzón abrió una causa general para enjuiciar un movimiento, una época», dijo el abogado Joaquín Ruiz Infante. La suya «no fue una prevaricación imprudente», añadió. «Lo hizo conscientemente, porque conoce la ley». Para argumentar esa acusación, Manos Limpias acudió a la matanza de Paracuellos del Jarama, una conocida masacre de prisioneros opuestos al bando republicano a finales de 1936, durante la Guerra Civil. La derecha siempre ha acusado al histórico comunista Santiago Carrillo de haber sido el responsable. En 1998, familiares de víctimas de esa masacre presentaron una querella contra el líder comunista en la Audiencia Nacional y Garzón la rechazó.

Los hechos no son comparables, enfatizó ayer el fiscal Luis Navajas. Todos son «asesinatos indiscriminados de inocentes», pero los de Paracuellos son «crímenes concretos» ya juzgados durante el franquismo y los otros, los que investigó Garzón, respondieron «al designio político del exterminio del enemigo».

La Fiscalía está convencida de que aunque Garzón haya cometido errores en su instrucción, el juez no prevaricó en ningún momento. Por eso volvió a pedir su absolución. «Sería patético y ridículo que la Argentina tenga a una jueza (en referencia a la magistrada María Romilda Servini de Cubría) dedicada a investigar los crímenes del franquismo y aquí nos dediquemos a perseguir al juez que tuvo el atrevimiento de dar tutela a las víctimas», dijo el fiscal.

«El gran problema sigue vigente», dijo el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. «El gran problema era la protección a las víctimas, cuyo abandono ha podido comprobar esta sala. Esos grandes cementerios bajo la luna siguen ahí, en la curva de una carretera».

Llamada a convertirse en un hito en la carrera de Garzón, la causa del franquismo que ahora lo ha llevado a ser juzgado acabó diluyéndose porque el juez tuvo que inhibirse en favor de los juzgados territoriales, obligado por un recurso de la Fiscalía. Desde entonces, los expedientes están casi todos paralizados y casi no se ordenan siquiera exhumaciones de tumbas colectivas.

Agencias DPA, ANSA y EFE,

y Ámbito Financiero

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