Gas: distribuidoras piden el laudo del Gobierno

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El pedido de las distribuidoras para que el Gobierno intervenga en la por ahora infructuosa negociación con las petroleras por el precio del gas a partir de octubre, y el rechazo de los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores a que haya un nuevo aumento de tarifas fueron los datos sobresalientes de la audiencia pública que se realizó ayer en Capital Federal.

Ante "los sucesos de los últimos días ratificamos la necesidad de revisar los contratos de suministro (con las petroleras)" y "solicitamos la intervención de las autoridades en función de la actual situación macroeconómica", dijo el representante de Gas Natural Ban (ahora Naturgy).

Por la falta de acuerdo con las productoras sobre el futuro valor del gas y sobre las diferencias acumuladas entre abril y septiembre por el alza en el tipo de cambio entre lo abonado y lo reclamado por las petroleras, las distribuidoras no presentaron los cuadros tarifarios a aplicar desde octubre.

El representante de Gas Natural se animó a presuponer que un usuario residencial promedio con un consumo de hasta 1.000 metros cúbicos anuales tendría un incremento del 31%, pero no especificó cómo llegó a ese valor ni qué tipo de cambio está considerando.

Pero la falta de precisión de las empresas sólo fue uno de los aspectos criticados por defensores del pueblo y entidades de consumidores que en realidad pusieron el acento en rechazar cualquier alza.

"Venimos a pedir la suspensión de los aumentos de tarifas", dijo Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que "es inexplicable el valor del gas en boca de pozo" y rechazó la dolarización. También pidió que se vuelvan a ampliar los beneficios de la tarifa social, restringidos desde diciembre pasado.

Por su parte, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, afirmó que la decisión de permitir el diferimiento del pago del 25% de las actuales tarifas "muestra las dificultades de los usuarios que no pueden ser sometidos a nuevos aumentos".

Indicó también que "el Estado deberá evaluar si la tarifa será razonable", y que "otra solución será contraria a derecho". Además Grosso se opuso a que los usuarios afronten la diferencia por el impacto de la devaluación sobre el gas utilizado entre abril y septiembre.

Luego de la audiencia, el todavía Ministerio de Energía a cargo de Javier Iguacel, afirmó en un comunicado que "el aumento final a partir de octubre en la factura de gas para hogares, a igual consumo del año pasado, no superaría el 30% por debajo de lo que se espera sea el alza del IPC de 2018". Atribuyó ese nivel de aumento a que "la producción nacional de gas sigue en alza" y recordó que ese hecho "permitió una rebaja de un dólar por millón de btu (de 5,20 a 4,20) en el gas para las usinas de generación eléctrica anunciada en agosto".

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