Genera más dudas el impacto fiscal de la reforma previsional

Es clave esta iniciativa para todo el paquete lanzado. Pero los números no permiten ser muy optimistas.

Sin duda que la Reforma Previsional es el factor clave de todo el andamiaje de reformas estructurales que encara el Gobierno. Así lo advertimos cuando el Presidente lanzó los principales lineamientos en el CCK. Si bien por lo que se conoce hasta el momento sobre los cambios que se implementarían en el sistema previsional dista mucho de ser considerada una verdadera reforma estructural como la de los '90, más bien parece ser un breve menú de ajustes y cambios el régimen vigente.

Según el texto firmado ayer por los gobernadores, "Consenso Fiscal", acordaron:

Impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público (Ley 26.417) para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación.

Garantizar haberes equivalentes al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos.

Impulsar la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio.

Por un lado, tenemos la modificación de la metodología de indexación de los haberes previsionales, que también alcanza a los planes sociales (fórmula que fue aprobada en la ley votada en 2009) y que es el cambio relevante, dada sus implicancias fiscales. Se propone, como se anunció, un ajuste trimestral en lugar de semestral, acorde con la inflación. Pero el texto acordado da cuenta de una garantía de que los aumentos serán por encima de la inflación. De modo que corre peligro el ahorro fiscal proyectado estimado en aproximadamente 0,5% del PBI en 2018 por ajustar solo por la inflación.

En segundo lugar, se apunta a reconocer a aquellos que realmente aportaron 30 años y cobran la mínima, por sobre los que entraron vía el jubileo de las moratorias. En cuanto a las jubilaciones de privilegio, es un clásico, en toda negociación en pos de una reforma. Mientras que en el caso de las cajas previsionales no transferidas, el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de dichas cajas.

No están para nada claro los números. Con el texto definitivo que entre al Congreso y del que salga definitivamente se podrá saber más o menos a ciencia cierta el impacto fiscal de estos cambios en el régimen previsional. Lo que estaba claro, es que en el mediano plazo la modificación de la fórmula de ajuste debería corregirse para desarmar esta bomba sobre las cuentas fiscales. Pero que en nada resuelve la sustentabilidad del sistema previsional.