Gesto grandilocuente para una ETA que quedó casi sin balas

Poco capital tiene la organización terrorista ETA como para ofrecer su «alto el fuego» a cambio de algún objetivo intermedio -el acercamiento de presos a cárceles vascas-, o su meta final -la independencia de Euskal Herria-. Sometida a una severa crisis logística y política, su margen para cometer atentados se encuentra reducido hace años, con o sin declaración de tregua.

Sin embargo, este presente de ETA, al que se llegó por decisiones gubernamentales, fallos judiciales y certeros golpes policiales que tuvieron lugar en la última década no esconde un dato que representa una anomalía en una democracia. Junto al acorralamiento de la organización terrorista se llevó a cabo una proscripción política de todo el arco del separatismo radical o izquierda abertzale. Ese segmento, que abarca a entre el 10% y el 20% del electorado, carece hoy de representación política, o tiene una representación bastante menguada.

Cierto es que a ello se llegó porque ETA, a caballo de una deriva cada vez más brutal, había logrado socavar todo capital simbólico para legitimarse de algún modo, aunque sus acciones fueran inaceptables desde una óptica democrática. El pacto del conservador PP y el PSOE durante el segundo mandato de José María Aznar permitió sellar una Ley de Partidos que excluyó de la democracia toda formación que no condene la violencia. Al mismo tiempo, los tribunales, con Baltasar Garzón a la cabeza, profundizaron la línea de investigación que vinculó a los terroristas con el brazo político del independentismo radical (sucesivamente Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna y sellos reflotados ad hoc). Junto con sus dirigencias y candidatos, también cayó gran parte del entramado social «abertzale», y hasta las herriko tabernas, como se llamaban los bares de los radicales vascos que podían resultar hasta pintorescos para un turista poco conocedor de quiénes eran realmente algunos de los rostros homenajeados en sus barras y vidrieras.

El asunto tiene aristas complejas. Así como no es funcional en una democracia que un segmento significativo del electorado no tenga a quién votar porque sus candidatos van cayendo en prisión o porque desaparece la sigla del partido, tampoco lo es que sean consagrados diputados, intendentes y concejales que apoyen con medias palabras disparos en la nuca.

En Bilbao, San Sebastián o Pamplona hay aún hoy barrios, cuadras y bares con dominio del espíritu «abertzale». En ciertos pueblos pequeños de Euskadi o Navarra no votó casi nadie en elecciones recientes cuando la consigna que bajó fue «abstención», y en ellos, toda festividad folclórica fue oportuna durante décadas para homenajear, con gran parte del pueblo en la calle, a etarras presos o muertos como si fueran «gudaris» que lucharon ante Francisco Franco y en otras gestas alimentadas por la leyenda. Sus parroquias supieron juntar fondos para que las familias de los presos etarras puedan viajar a visitarlos a cárceles remotas de España. Tuvo que llegar Joseph Ratzinger a Roma para que hayan sido nombrados obispos de perfil marcadamente «españolista» en Bilbao y, sobre todo, San Sebastián, tan bella como euskalduna. Un misterioso legado histórico decía que los obispos de Euskal Herria debían ser «nacionalistas» vascos, y cuando no lo eran, ¡se daban vuelta una vez designados! A su vez, la Universidad del País Vasco supo crear cátedras y departamentos, vigentes al día de hoy, en virtud de su cercanía con el separatismo.

Batalla perdida

El devenir social y político hizo que esta trama perdiera la batalla para mantener a los «abertzales» dentro del sistema. El avance del Poder Judicial y de la política sobre esta «normalidad» tolerante con el terrorismo generó una resistencia más bien moderada, casi inexistente al día de hoy.

Un actor fue clave para ello: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobernó en Euskadi desde el retorno de la democracia hasta 2009. Éste manejó una «indignación» lo suficientemente moderada como para que la queja se sintiera, pero no tanto. Al fin y al cabo, una parte de los votos «abertzales» proscriptos decantarían hacia el PNV, una formación que se arroga para sí, con bastante éxito, el ADN del ser vasco.

Desde la reanudación democrática, el PNV había pactado en Madrid con el PSOE de Felipe González y con el PP de Aznar.

En 1998, tras haber apoyado a Aznar como jefe de Gobierno dos años antes, el democratacristiano PNV dio un paso que generó pánico en el PSOE y el PP. El Pacto de Lizarra unió a todo el variado arco «nacionalista», desde los moderados del PNV hasta los separatistas radicales, con el objetivo de avanzar en la mayor independencia posible de España. Durante la tregua anual que surgió de Lizarra, Euskal Herritarrok, sello político afín a ETA, alcanzó más del 19% en las elecciones municipales de 1999.

A fines de ese año, ETA volvió a matar. Pero sus blancos terminaron de cambiar. Una mayor debilidad operativa y una comandancia cada vez más inexperta empujaron a la organización vasca a disparar crecientemente contra concejales de pueblo que tenían como segundo empleo la plomería. Si en 1973 ETA debutó en los titulares del mundo por matar al presidente franquista Luis Carrero Blanco, en la década pasada sus víctimas fueron periodistas, docentes, jóvenes policías o inmigrantes.

Derrumbe

Una generación nacida y criada en la España de la democracia y la prosperidad, a la que lo más dramático que le tocó vivir fue la guerra sucia de los GAL bajo el Gobierno del socialista González, se hizo cargo de decidir el curso de acción. En consecuencia, una cúpula tras otra fueron cayendo.

En el plano político, PP y PSOE no digirieron el devenir «independentista» -aunque nunca complaciente con el terrorismo- del jefe de Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe (PNV). Los partidos «españolistas» eligieron una estrategia frentista que generó como reacción un abroquelamiento del bloque nacionalista, lo que benefició al PNV.

El desgaste de la prédica ambiguamente «independentista» de Ibarretxe, las irracionalidades de ETA, la proscripción más precisa y aguda de la izquierda abertzale, y una estrategia más fina del PSOE y el PP cambiaron el escenario, por lo que el PNV fue desalojado del Gobierno vasco en 2009. Toda una novedad. El socialista Patxi López es hoy el jefe de Gobierno, sin que su liderazgo se vea amenazado en lo inmediato.

Tanto López como José Luis Rodríguez Zapatero consideran insuficientes los pasos que vienen dando los «abertzales» para reintegrarse a la vida política. La tregua de los terroristas anunciada ayer venía siendo reclamada por la dirigencia independentista radical. La historia dice que hay suficientes motivos para desconfiar de ETA, pero a la vez, la prolongación de la proscripción y una concepción demasiado laxa de lo que significa «condenar la violencia» podría eternizar un escenario que no contempla a todos los electores vascos.